El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, acogió el pedido del titular de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco de concederle un plazo para recoger las observaciones que presentaron los legisladores sobre el proyecto de Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a la Ley de Compañías y a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que tiene como finalidad proteger los derechos de los ciudadanos respetando su información crediticia.
Luego de la intervención de 10 parlamentarios concluyó el segundo debate del tema, quedando pendiente únicamente su votación, luego de que el organismo legislativo presente el texto final.
En el debate los parlamentarios destacaron la importancia de este proyecto, de iniciativa del asambleísta Fernando Vélez, así como el trabajo desarrollado por la Comisión de Régimen Tributario que se encargó del estudio, a la vez que advirtieron que se han producido abusos en el manejo de la información crediticia de las personas.
Reflexionaron sobre el poder que se daría a la Dirección Nacional de Datos Públicos; resaltaron que el historial crediticio será por tres años y que existirá un solo registro de datos crediticios, lo cual significa un avance en la legislación.
Indicaron que el buró de crédito es una herramienta que permite al sistema financiero evaluar a los sujetos de crédito. Pidieron que no se elimine el buró privado y que durante un tiempo funcione, en paralelo, con el público, para lo cual Francisco Velasco informó que existe un plazo de 180 días para la transición del buró privado al público.
La normativa busca regular la organización y funcionamiento de la información crediticia de las personas naturales y jurídicas, mediante la creación del Registro de Datos Crediticios, que se tiene como finalidad prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis de historial de cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio de las personas.
Según el proyecto, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es la única institución que puede recopilar la información crediticia proveniente del registro crediticio de la Superintendencia de Bancos y Seguros; de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y del Registro Crediticio de la Superintendencia de Compañías.
JLVN/pv
