En el marco del segundo debate de las reformas a la Ley de la Contraloría, diversos asambleístas solicitaron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que analice el artículo 39 de la vigente ley que da a esta institución la exclusividad para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, con lo cual será difícil sancionar a los funcionarios públicos que han cometido un delito sobre el mal manejo de los recursos públicos.
El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se refiere a la determinación de responsabilidades y seguimiento, por medio del cual se establece que sobre la base de los resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en actas o informes, la Contraloría tendrá la potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
En el debate de este tema el legislador Paco Fierro al recordar el contenido del artículo 212, numeral 2 de la Constitución sobre la determinación de responsabilidades dijo que en ninguna parte del texto constitucional se establece la exclusividad que tiene este organismo de control para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas en base a los resultados de la auditoría, por lo que pidió a la Comisión de Justicia analizar esta situación, tomando en cuenta que en estos casos se debe enviar a la Fiscalía para que siga el proceso.
De su lado, el asambleísta Luis Morales subrayó que es necesario revisar los procesos y procedimientos en contra de personas naturales, instituciones y funcionarios públicos, a la vez que expresó que los delitos cometidos por las personas naturales tienen acción pública a través de la Fiscalía y que igual tratamiento se debe aplicar a los funcionarios públicos, que son los encargados de cuidar los recursos del Estado.
Comentó que si persiste la exclusividad de la Contraloría para determinar responsabilidades, lejos de tener celeridad para sancionar a los funcionarios que mal utilizaron los recursos del Estado, se retardaría el proceso.
El asambleísta Vicente Taiano indicó que es necesario revisar el contenido del artículo 39, según el cual la Contraloría tiene potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios penales. En la Constitución no hay disposición que le dé a la Contraloría la exclusividad para determinar responsabilidades y sería una brillante oportunidad para corregir las falencias y evitar la impunidad de los delitos de cuello blanco.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Mauro Andino, solicitó al titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, suspender este tema hasta recoger y analizar las propuestas presentadas por los legisladores, a fin de preparar un texto final que pueda ser sometido a votación, petición que fue acogida.
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