El presidente del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), Arturo Villavicencio, presentó al Pleno de la Asamblea Nacional el informe técnico de la evaluación global de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, de conformidad con lo que dispone el Mandato Constituyente 14, que establece la obligación de elaborar dicho documento sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. Haga click aquí para ver el informe.
El informe contiene el nivel de desempeño de 71 universidades, 145 extensiones y 285 institutos. La evaluación está centrada en cuatro ejes: desempeño académico, entorno del estudiante y su aprendizaje, praxis de investigación; y, políticas institucionales en manejo de presupuestos, transparencia e infraestructura, es decir, 58 indicadores que fueron suministrados por las universidades que presentaron alrededor de 200 parámetros que fueron verificados por el CONEA, explicó.
Aseguró que las universidades se constituyen en un conjunto de instituciones fragmentadas por múltiples brechas: académica, democrática, investigativa y tecnológica y que no se puede hablar de un sistema universitario en general, ni hacer apreciaciones generales sobre la universidad ecuatoriana porque es muy heterogénea, por lo que fueron categorizadas en cinco grupos: A-B-C-D y E.
Las dos primeras están conformadas por 20 universidades, que sin haber llegado a niveles óptimos de excelencia cumplen su función social y tiene una calidad de desempeño satisfactorio y han servido como referente para la evaluación de todo el sistema.
En la categoría C se hallan 13 universidades que si bien están haciendo las cosas bien en una dirección, les falta mucho respecto a otros indicadores y parámetros, por tanto, deben mejorar sus limitaciones y deficiencias.
La categoría D incluye a 9 centros de estudios que no tienen un fortalecimiento institucional, mientras que en la E están 26 universidades y sugiere que en este caso la Asamblea Nacional y las instituciones que de acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior regularán y controlarán la calidad del sistema de educación superior, tomen medidas inmediatas.
Aseveró que las universidades del grupo E no disponen de una comunidad académica estable, preparada con deberes y derechos reconocidos y con los aspectos necesarios para garantizar una educación de calidad. Son instituciones con procesos netamente empresariales y abiertos, sin un plan mínimo de nivelación para los estudiantes, tratan de captar clientes y están orientadas al mercado.
Aseguró que carecen de compromisos y de la capacidad para ocuparse de su entorno social y han entrado en una competencia desleal con otro tipo de universidades tanto estatales como particulares.
El CONEA, en su informe, hace cinco recomendaciones: depurar el sistema universitario ecuatoriano del grupo de universidades de la categoría E, a través de las acciones legales que están en el marco de la competencia de la Asamblea Nacional, precautelando los derechos de los estudiantes; dar una supresión gradual de las extensiones universitarias, en un período gradual, tomando en cuenta que existen al momento 145 extensiones. Esta es una expresión de la mercantilización de la educación superior, lo cual ha afectado al nivel de desempeño y calidad de la educación superior. La proliferación de extensiones ha conducido a un sistema disfuncional de la oferta académica, agregó.
Igualmente, recomendó la regulación académica, ya que se ofertan 3 309 títulos universitarios distribuidos en 2 100 títulos del tercer nivel, 933 de cuarto y 277 a nivel de técnicos y tecnólogos. De estas carreras menos del 20% están relacionadas con las ciencias naturales y con las ingenierías. Hay una proliferación muy grande de profesiones que se refieren a administración, gestión de empresas y todas las ramas afines.
Expresó que es importante fortalecer los cursos de postgrados, pues actualmente se ofertan 871 programas, distribuidos en maestrías, especialidades y diplomados, a la vez que advirtió que en esta área se ha manifestado con mayor intensidad el fenómeno de la comercialización de la educación superior, porque está dirigida a personas que cuentan con recursos económicos, pese a lo cual la calidad de carreras es bastante deplorable, lo que ha llevado a una devaluación del título de magíster, especialista o diplomado.
Ante esta situación, recomendó la suspensión de los cursos de postgrados en las instituciones que están en las categorías D y E y estén desarrolladas únicamente por las que han alcanzado una mención superior.
Para viabilizar el fortalecimiento institucional de las universidades ubicadas en la categoría D propuso que en un plazo de seis meses, a partir de la vigencia de la nueva Ley de Educación Superior, los organismos de gobierno determinen un Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para los próximos cuatro años, el mismo que será objeto de seguimiento y evaluación por parte de estos organismos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que el informe será analizado por la Comisión respectiva y que la Función Legislativa sabrá debatir todos de los temas que han sugerido en el documento presentado ante el Pleno.
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