La ampliación del plazo por dos años para la elaboración de las propuestas legislativas; la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria; la rendición de cuentas a los titulares de derechos a través de sus diversas organizaciones; esclarecer las atribuciones de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria; la participación ciudadana en los espacios de discusión y en la conformación de esta instancia; el rol de las gobiernos autónomos descentralizados en esta materia, fueron algunos de los temas que generaron amplio debate en el Pleno, en torno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (Lorsa).
Asambleístas de distintas tendencias subrayaron que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria (SISAN) se sustentará en la participación efectiva de la ciudadanía, de conformidad con lo que determina la Constitución. Por tanto, es indispensable coordinar las acciones entre la sociedad civil y todos los niveles de gobiernos autónomos, definir las atribuciones entre la Conferencia Nacional y el Sisan, ya que no pueden superponerse a otros organismos. En este marco, la Conferencia debe ser la entidad de debate y deliberación que recoja las sugerencias de los actores y de la sociedad civil para la generación de propuestas en materia de soberanía alimentaria.
Se recordó la importancia de socializar con la ciudadanía las reformas a esta ley, para lo cual se debería realizar dos foros: en Ambato (sierra central) y en Manabí (por la zona de la costa), para que el proyecto responda a las aspiraciones de los pescadores, comunas y el pueblo en general, ya que esta normativa es vital para alcanzar el buen vivir.
Así mismo, sugirieron revisar más a fondo el contenido de la ley, no solo a partir del artículo 31, que se refiere a la participación ciudadana, sino incorporar disposiciones relacionadas con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados; definir claramente al Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria como una estructura que vincule a personas, normas y comunidades que interactúan y son interdependientes; establecer que en un plazo no mayor a dos años se elaboren las propuestas relacionadas con las leyes que regulen el uso y acceso a las tierras, territorios, comunas; agrobiodiversidad y semillas; desarrollo agrario; agroindustria y empleo agrícola; sanidad animal y vegetal; acceso de los ciudadanos al crédito público; seguro y subsidio alimentarios, entre otros.
Resaltaron la necesidad de dar seguimiento a las políticas públicas relativas al régimen de soberanía alimentaria, en los términos establecidos en la Constitución, así como la facultad de organizar las veedurías para asegurar el control ciudadano sobre el cumplimiento de dichas políticas. Que el proceso de selección de los integrantes de la Conferencia Nacional garantice la participación efectiva de la ciudadanía, no solo de las organizaciones, a través de un concurso público de méritos y oposición, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando en cuenta los criterios de equidad y paridad de género así como la participación intergeneracional.
A fin de garantizar alimentos sanos, suficientes y nutritivos, consideraron que se debe tomar en cuenta a los ministerios relacionados con la temática, pero sobre todo a los sectores productivos del país, para que el Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria no se convierta en un ente burocrático.
Igualmente, advirtieron que si se deja en manos del Ejecutivo la redacción final de los proyectos complementarios, se restaría importancia al proceso participativo que efectúe la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria.
Al concluir el primer debate de este cuerpo legal, el presidente encargado, Rolando Panchana, recordó a los asambleístas que tienen tres días para remitir por escrito a la Secretaría las observaciones en torno a este proyecto, a fin de que sean procesadas por la Comisión de Biodiversidad.
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