“La contratación de la póliza de seguros todo riesgo para Petroecuador se realizó luego de varios intentos y, en el último proceso de licitación, Seguros Sucre fue la única empresa que presentó su oferta”, aclaró el presidente Ejecutivo de la estatal petrolera, Manuel Zapater, en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, presidida por Luis Morales, que investiga la forma cómo se llegó a la suscripción de este contrato.
Explicó que para el tema de esta clase de contrataciones se sustentan en la Ley de Seguros y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con base en dos sistemas de contratación, uno denominado especial, cuando la negociación se realiza con empresas del sector público o financiadas con fondos estatales; y, el segundo, vía licitación.
Como tenían un contrato vigente con Seguros Sucre, que pertenece a un banco que está en manos del Estado, se buscó en dos oportunidades el camino de la contratación directa. No obstante, no se llegó a los acuerdos necesarios. Durante el proceso, se determinaron ampliaciones del contrato vigente, hasta que se cumpla con la nueva contratación.
En el primer trimestre del presente año, dada la situación de emergencia, se abrió un concurso y las ofertas superaron el presupuesto referencial, por lo que se procedió a convocar un nuevo concurso, en abril del 2010, donde se deja constancia que Petroecuador no tenía compromiso con ninguna compañía. Se dan 28 días para que presenten las ofertas, con sus respectivos respaldos y reaseguros.
Se presenta únicamente la propuesta del consorcio Sucre-Colonial-Rocafuerte, con el reaseguro de la empresa AON-JLT, por el calor de 32 millones de dólares, que estuvo dentro del presupuesto referencial de 33 millones de dólares y se procede a la respectiva contratación.
Zapater destacó que la contratación cumplió con todos los procedimientos establecidos en la legislación ecuatoriano y que, por tanto, no existe perjuicio alguno para el Estado.
De su lado, el vicepresidente de la Comisión de Participación, Galo Lara, quien solicitó la comparecencia de las autoridades de Petroecuador y de los ministros de Coordinación de la Política Económica, de Sectores Estratégicos y de Energía, aseguró que en este contrato existiría un grave perjuicio para el país, porque la adjudicación se realizó sin cumplir los procedimientos que determina la ley.
Entre tanto, el presidente del organismo legislativo, Luis Morales, tras lamentar la ausencia de los referidos ministros, dos de los cuales sí enviaron sus delegados, subrayó que no está en el ánimo de la Comisión sancionar a los ministros de Estado, sino ejercer un control político de su gestión, sobre todo tratándose de un tema tan importante como el de la protección de la actividad petrolera, que es uno de los rubros fundamentales que sustentan la economía ecuatoriana.
Anticipó que se buscarán los mecanismos legales necesarios para volver a citar a los ministros de Estado y, de persistir en la negativa de acudir al Legislativo, habrá que apelar a medios coercitivos que obliguen a estos funcionarios a cumplir con su deber de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.
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