La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, por pedido del asambleísta Fausto Cayambe, convocará al ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, y al Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, a fin de analizar la escala salarial que se aplica al sector.
Cristina Reyes, vocal del organismo, solicitó que en la comparecencia del Superintendente, el funcionario especifique en qué se invirtieron los dineros producto de las concesiones de las operadoras telefónicas.
Esta resolución se tomó luego que el organismo legislativo determinara, con ocho votos, devolver al Consejo de Administración Legislativa el proyecto de reformas a la Ley Especial de Telecomunicaciones, enviado por el Ejecutivo, por la vía ordinaria, para que se lo direccione a la Comisión de Gobiernos Autónomos, tomando en cuenta que este organismo inició la discusión de una Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con aspectos eminentemente técnicos.
Los integrantes de la Comisión subrayaron, además, que transfieren este tema a la Comisión de Gobierno Autónomos con la finalidad de unificar el trámite sobre un mismo asunto, es decir como un todo, con sentido de responsabilidad.
Los parlamentarios recordaron que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado, por tanto, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no tiene competencia sobre esta temática, sino más bien en el área laboral, en defensa de los derechos de los trabajadores, razón por la cual es necesaria la concurrencia, tanto del Ministro de Relaciones Laborales, cuanto del Superintendente de Telecomunicaciones.
El asambleísta Fausto Cayambe indicó que en la normativa que estudia la Comisión de Gobiernos Autónomos, en materia de telecomunicaciones, se debe fijar la participación del Estado por ocupación del espectro radioeléctrico.
La reforma planteada por el Mandatario, que contiene un artículo único, se refiere a las obligaciones laborales de empresas que utilizan el espectro radioeléctrico y determina para el caso de los trabajadores vinculados a empresas que mantengan contratos con el Estado, mediante los cuales se les delegue la prestación de servicios de telecomunicaciones, y para tal efecto utilicen espectro radioeléctrico, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará a proyectos de inversión social y de desarrollo de las telecomunicaciones, en especial la universalidad de servicios. Dichos proyectos deberán ser armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Se especifica que las obligaciones de orden laboral contraídas con sus trabajadores por estas empresas serán de su exclusiva responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado.
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