En el marco del segundo debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental (Yachay), la asambleísta ponente y presidenta de la Comisión de Educación, Ximena Ponce, al destacar que la educación es un derecho constitucional, señaló que la Asamblea Nacional, en su potestad normativa, está en la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales.“Queremos de nuestras universidades criticidad, universalidad pero sobre todo, conciencia ciudadana, conciencia de que este conocimiento nos debe llevar con más responsabilidad a la transformación de la sociedad, que es lo que el pueblo ecuatoriano está exigiendo”, dijo.
Indicó que el pueblo ecuatoriano ha puesto mucha expectativa en la creación de estas universidades y la consolidación de un sistema educativo de calidad, que es un sueño y una aspiración no solo de los jóvenes, sino de los padres y madres de familia, del sector productivo, de la sociedad que espera que la solución de los problemas esté también en sus manos partiendo de una buena formación.
Informó que en el proyecto se modifica el artículo 2 con el objeto de aclarar los aspectos relacionados con la aprobación de sedes, cuya matriz será en la provincia de Imbabura. Se establece que el Consejo de Educación Superior (CES), en el marco de sus competencias, será el ente estatal encargado de la aprobación de sedes, generando así concordancias con el literal i) del Art. 169 de la Ley de Educación Superior (LOES).
Sobre la disposición general única subrayó que se mantiene el texto del primer debate porque éste crea una disposición general para definir que en lo no previsto en la ley, se tendrá que observar la LOES, su Reglamento General de aplicación y las normas que expida el CES.
Se clarifica que el Presidente de la República nombrará a los miembros de la Comisión Gestora y para su integración se observará el Reglamento expedido por el CES. Se mejora el texto en el sentido que conforme se vayan integrando los estamentos de la institución de educación superior se convoque a elecciones de representantes y éstos pasen a integrar la Comisión Gestora, con lo que se garantiza el cogobierno, puntualizó.
La Comisión Gestora contará con 90 días desde su conformación para iniciar los trámites de aprobación de estatutos, carreras y programas, explicó.
Asimismo, se modifica el “período de implementación” por “período de transición”, debido a que es el más adecuado para referirse al proceso inicial de funcionamiento de la universidad una vez creada.
Por último, expresó que se mantiene la disposición transitoria sexta, que garantiza que la participación en el FOPEDEUPO no menoscabará en valores absolutos los fondos que perciben las actuales universidades y escuelas politécnicas.
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