En la continuación del primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, asambleístas de diversas bancadas reiteraron que el acuerdo ético político alcanzado en torno a este tema se mantiene vigente, incluso algunos sugirieron que esta práctica se aplique también al tratamiento de otras leyes fundamentales para el país.
En esta línea se pronunciaron representantes de las bancadas de Sociedad Patriótica, Prian, PRE, Alianza Libertad, Concertación Democrática, ID y ADE.
Consejo con representación ciudadana
Desde las filas de PAIS se defendió la necesidad de crear un Consejo de Comunicación, eminentemente ciudadano, con capacidad de regulación. Así mismo, que se determine claramente los ámbitos para la aplicación de sanciones para las eventuales infracciones que puedan cometer los medios, sea en los campos penal, civil o administrativo, porque ninguno de éstos, por sí solo, tiene eficacia jurídica para precautelar el respeto al derecho a la honra, la privacidad personal, la protección del orden público, la salud, la moral y la seguridad nacional.
Para garantizar la presencia ciudadana, los asambleístas plantearon que este organismo esté integrado por un representante del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los institutos y universidades, del Consejo de la Niñez y Adolescencia, del sector empresarial, de la ciudadanía, de las nacionalidades indígenas, montubias, afroecuatorianas, de las centrales sindicales, de los maestros y de los estudiantes secundarios y universitarios.
La ley debe ajustarse a lo que determinan la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales vigentes sobre esta materia. Además, se consideró indispensable establecer la prescripción de las infracciones en el campo de la comunicación.
Profesionalización
En torno a esta temática, las observaciones se orientaron a que en el ejercicio de los géneros de opinión, no se exija contar con un título profesional, mientras que en los géneros de información sí se cuente con este requisito. A través del reconocimiento del carácter profesional del trabajo periodístico se logrará que los comunicadores accedan a un salario digno, dijeron.
Democratización de frecuencias
Frente a los resultados del informe de Contraloría sobre la adjudicación de frecuencias radioeléctricas, que señala una serie de irregularidades que propiciaron la concentración de medios en grupos privados, propusieron que la ley determine mecanismos idóneos para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, a fin de que se distribuya de manera equitativo entre los sectores privado, comunitario y público, ya que actualmente el 90% está en manos privadas, con lo cual se contrarrestarán las prácticas monopólicas y oligopólicas, prohibidas por la Constitución.
En torno a los medios incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, hoy de propiedad del Estado, sugirieron que mediante una transitoria se establezca la obligación de subastarlos públicamente, en un plazo no mayor de 180 días.
Libertad con responsabilidad
Otro de los temas que concitaron la atención de los asambleístas fue el relativo al ejercicio de la libertad de expresión, que a decir de algunos ha servido de base para que determinados medios de comunicación cometan abusos. Lo importante es garantizar que los ecuatorianos gocen de libertad de información y de expresión, pero una libertad con responsabilidad, que significa proteger la honra y el buen nombre de las personas. En el caso de los medios de comunicación, la difusión de informaciones estará sujeta a una responsabilidad ulterior, es decir, que solo después de emitida una nota periodística, en caso de existir afirmaciones inexactas o alteración de los hechos, sean los jueces competentes quienes juzguen esa actuación.
Subrayaron que la ley debe superar el carácter punitivo y sancionador, para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información, por tanto, no tiene que ser una ley dedicada exclusivamente a los medios.
JLVN-EG
