La Comisión de Desarrollo Económico recibirá, mañana, a partir de las 11:00, al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien expondrá los alcances y objetivos del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, presentado conjuntamente por la asambleísta María Soledad Vela y el exdefensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez.
El proyecto contiene aspectos atinentes a los derechos y obligaciones de las personas usuarias, consumidoras, proveedoras, el involucramiento del Estado en lo relacionado a salud alimentaria, vivienda, educación, transporte, servicios bancarios, electrónicos, tarjetas de crédito, servicios profesionales, garantías jurisdiccionales, así como los mecanismos de tutela extrajudicial, entre otros.
Posteriormente, los parlamentarios escucharán al asambleísta Guido Vargas, quien presentará observaciones a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de iniciativa de los asambleístas Lourdes Tibán y Gabriel Rivera.
La reforma a la Ley de Tránsito de autoría de la legisladora Tibán tiene como finalidad incorporar al transporte comunitario como una modalidad de servicio (camionetas, camiones o buses), de manera exclusiva en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades, es decir, una forma del ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y otros instrumentos jurídicos, previa autorización de la autoridad competente.
En este marco, en el artículo 75 se agrega, luego del literal c), un literal que prevé que se otorgará el permiso de operación para la prestación del servicio de transporte comunitario, en el ámbito intraprovincial e intracantonal.
Mientras, el asambleísta Gabriel Rivera propone que el certificado o los títulos de aprobación de estudios que otorgan las escuelas autorizadas para conductores no profesionales podrán respaldar el otorgamiento de la licencia de conducir, pero no constituirá requisito indispensable para el efecto. Así mismo, en caso de que una institución pública utilice sus vehículos en comisiones de servicios fuera de la jurisdicción cantonal, la máxima autoridad podrá, por razones de austeridad fiscal, autorizar que sean conducidos por servidores públicos en comisión, que no sean los choferes asignados.
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