Defensor del Pueblo formuló observaciones al proyecto de Código Integral Penal

Lunes, 09 de enero del 2012 - 21:26 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, acudió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino Reinoso, con el propósito de exponer algunos aportes y observaciones al proyecto de Código Integral Penal, de iniciativa del Ejecutivo.

 

El funcionario invocó a profundizar el debate de temas fundamentales y trascendentales como la imputabilidad de menores, la trata de personas y el incremento de penas, entre otros aspectos.

 

No a la imputabilidad de menores

Consideró que la imputabilidad de un adolescente de 16 años, como que si tratara de de un adulto, no es viable. Parece que buscamos echar la culpa a los niños y adolescentes de la incapacidad del Estado, ciertamente, de dar una respuesta al tema de la finalidad de la pena, dijo.

No se conoce, agregó, de ningún indicador o datos que nos aseguren que la sociedad se ha puesto en riesgo por los delitos o infracciones que puedan estar cometiendo los menores entre 16 y 18 años de edad.

Recordó que esta temática viene ligada a la justicia especializada, que es un mandato constitucional, por tanto incluir a niños y adolescentes adolecentes en conflicto con la ley en el Código Penal, posiblemente hará que dicha justicia especializada se pierda.

Tenemos que jugarnos, ciertamente como sociedad, a una mayor protección integral, y fortalecer el principio de interés superior de los niños y adolescentes, precisó.

Trata de personas

Expresó que la normativa sobre la trata de personas implica una serie de obstáculos para la víctima, por los requisitos para demostrar los medios utilizados, más aún cuando se habla de engaño, fraude, fuerza, dependencia, imposición autoridad, sin tomar en cuenta que el fin de la trata es otro, la explotación que se produce en el ámbito laboral, de servicio, esclavitud sexual, etc.

La víctima no necesita probar los medios que se emplearon, de lo contrario se complica su situación, reiteró.

Adicionalmente, el Defensor del Pueblo sostuvo que se debería intensificar la discusión de penas altas con respecto a la posibilidad de vida de una persona, quien, de pronto, por los años de reclusión termina con su ciclo de vida familiar, a lo que se suma la falta de una verdadera rehabilitación.


MG/pv

 

 

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