No se trata de Julián Assange, ni siquiera del Presidente Correa, ni de Alianza PAIS, sino de la soberanía del Estado ecuatoriano y de su patria que está siendo amenazada y vulnerada por parte de otro Estado, por lo que la Asamblea Nacional no puede sino pronunciarse rechazando enérgicamente la comunicación de Gran Bretaña, dijo la asambleísta María Alejandra Vicuña, al referirse a la advertencia que hiciera el gobierno inglés, en el sentido que una norma de este país permitiría tomar acciones para arrestar al creador de WikiLeaks en las instalaciones actuales de la Embajada de Ecuador en Londres.
Enfatizó que “la época de la colonia terminó y el Ecuador es un pueblo libre y soberano, que sabrá responder como corresponde, frente a las pretensiones intervencionistas, de cualquier país, por muy potencia que sea, por lo que espera que en la sesión extraordinaria del Pleno, convocada para hoy a las 21:00, todos estemos a la altura de ser verdaderos representantes del pueblo ecuatoriano”.
Entre tanto, el asambleísta Paco Moncayo, al referirse al anuncio del gobierno británico de que cumplirá su obligación de detener a Julian Assange, por cualquier medio para extraditarlo a Suecia, subrayó que se trata de una actitud que no se compadece con el derecho internacional que garantiza la inviolabilidad del territorio de otro Estado.
Subrayó que esta actitud del gobierno británico es criticable tomando en cuenta que la inviolabilidad de los territorios, de las embajadas, de los consulados debe ser respetada con el principio universal que permite que funcione la comunidad internacional.
A su juicio, Gran Bretaña está actuando de manera prepotente y viola un principio de convivencia civilizada de las naciones al amenazar con entrar a la fuerza a nuestra embajada en Londres. Espero que solo sea una amenaza y no se lleve a la práctica, agregó.
De su lado, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Bustamante, respaldó la actitud soberana del gobierno ecuatoriano de otorgar asilo político a Julian Asange, en virtud de su solicitud presentada el pasado 19 de junio de 2012, tomando en cuenta que esta decisión está plenamente basada en el Derecho Internacional a través de varios convenios y declaraciones de derechos humanos.
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