Derechos de comunicación, libertad y régimen del buen vivir garantizarán una buena Ley de Comunicación

El Ecuador, por mandato de la Constitución, está obligado a formar una ley de manera participativa y democrática, pues con esta normativa los derechos de libertad y de comunicación jamás estarán en riesgo, porque existen artículos que los garantizan en su sentido más amplio; y, sobre todo, enfatizan en que cuando se vulnera el derecho a la libertad de expresión, la ciudadanía está en la facultad de exigir su rectificación, promoviendo de esta manera el buen vivir. Se trata, entonces, de tres grupos de derechos que al acopiarse generarán una buena ley de comunicación, precisó.

“Lo que estamos propiciando en Ecuador, y hemos avanzado significativamente en los últimos meses, es que todos los partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo para hacer una ley que respete la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos, como el Pacto de San José del cual el Ecuador es suscriptor”, subrayó.

Cordero recordó que ese acuerdo ético y político que suscribieron los partidos y movimientos políticos legislativos, no tiene contradicción alguna con lo pronunciado por los diferentes panelistas, así se demuestra en los avances de las discusiones que mantiene la comisión ocasional de Comunicación; creemos que no hay que dejar de lado ninguna forma de autorregulación, todas serán buenas, pero son insuficientes, como el caso de Cataluña, donde la ciudadanía puede presentar sus quejas sobre la falta de una información veraz, pero no hay las condiciones proteccionales y éticas para que la ciudadanía tenga la mejor calidad de información, en defensa de los derechos de las personas.

Una ley jamás puede ser entendida como un mecanismo de violación de derechos, añadió, al enfatizar que la libertad es connatural a la propia democracia y a la posibilidad de existencia de una ley, pero cuando simultáneamente hay que regular derechos de expresión, desde el lado de los emisores y de la prensa, es necesario legislar en materia de comunicación, porque ésta cada día se convierte en la herramienta para la toma de decisiones de todos los ciudadanos. En este sentido, es indispensable la intervención del Estado, que debe ser cuidadoso y respetuoso del mandato constitucional y de los tratados internacionales.

“Esta ley de comunicación, que la estamos formando colectivamente, no debe dejar de lado las múltiples formas de regulación, con participación de la ciudadanía. Es importante que la ley, en sí misma, sea una propuesta de cambio que tiene que adecuarse al mundo contemporáneo, involucrando principios que están en los códigos deontológicos de los comunicadores, por lo que debemos hacer que la ley, para la gran mayoría, sea un código de cómo debemos hacer posible que los derechos de la ciudadanía se respeten”, agregó.

La ley tiene que dar la doble dimensión: el derecho individual y la derecho social de la comunicación, es decir, libertad de prensa y de expresión, lo cual significa ampliar los derechos individuales a los colectivos, añadió.

Es necesario, advirtió, establecer en la ley la libertad de expresión sin censura previa y responsabilidad ulterior y, en un articulado, determinar la existencia de un consejo de comunicación, pero la regulación estará limitada a lo que dice el Pacto de San José, es decir a las acciones y contenidos que violen los derechos humanos, pero no se pueden cerrar ni clausurar medios.

“Es hora del quinto poder, la prensa ya jugó un papel histórico y hoy le toca a la ciudadanía implantar las formas de veeduría y vigilancia desde la ley. El poder que va a tener el Consejo de Comunicación radica en que los ciudadanos, seleccionados mediante concursos de oposición y méritos, con veeduría y vigilancia, no serán representantes de los gobiernos ni de los poderes fácticos”, indicó.

El acto, que se efectuó en la Universidad Andino Simón Bolívar, contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes debatieron aspectos referentes al periodismo y la comunicación, los sistemas de autorregulación como aporte en la construcción de la Ley de Comunicación, la formulación de códigos de ética, como el deontológico, que podría constituirse como alternativa de regulaciones a situaciones demasiado restrictivas y que podrían convertirse en amenazas y limitaciones a la libertad de expresión, la regulación al espectro radioeléctrico, procesos de rectificación en casos de información errónea, entre otros.

JLVN/eg