En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino, la doctora Margarita Estrella Silva, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial de Quito, formuló varias observaciones y aportes al proyecto de Código Integral Penal.
Explicó que en el país existen 154 centros de mediación, de los cuales, lamentablemente, 60 están solamente con el nombre y los restantes funcionan a medias en las ciudades consideradas grandes como Quito y Guayaquil, donde se ha receptado un promedio de 800 a 1000 casos anuales, que constituye una descarga interesante para la justicia ordinaria.
Aportes
Sostuvo que la reforma – en su artículo 768 en el tema de procedencia- determina, de manera taxativa, que la aplicación de la mediación penal será para la infracción leve, dejando de lado las levísimas, excluyendo también otras áreas relacionadas.
Me da la impresión que se está viendo la aplicabilidad de la mediación penal desde la sanción y no desde el delito; si es o no un aspecto transigible y disponible, comentó Margarita Estrella.
Precisó que se debe conceptualizar la definición de patrimonio en cuanto a que la comisión de la infracción aceptare bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial particular, que suena simplemente a temas materiales y no se puede circunscribir a ello, toda vez que entra en planos subjetivos y morales.
Recordó que la Ley de Arbitraje y Mediación abre posibilidades para que la mediación se pueda implementar antes, durante y después de un proceso, mientras que el proyecto gubernamental fija ya términos exactos, al tiempo de decir que incluso el centro de mediación judicial ha llegado a poner en marcha esa figura una vez dictada una sentencia, lo que no pretende modificar la misma, que sería un absurdo jurídico, sino a efectos de aplicar y ejecutar de forma adecuada la sentencia.
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