Ecuador es el primer país de América Latina en que se aplica un proceso para garantizar la calidad académica de las universidades: Raúl Abad

Viernes, 13 de abril del 2012 - 17:39 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad, subrayó que Ecuador es el primer país de América Latina en que se aplica un proceso para garantizar la calidad académica de las universidades y se ha constituido en ejemplo para otras naciones como Colombia y Honduras, que también buscan un objetivo similar, conforme conoció en el diálogo mantenido hoy con Pedro Enríquez, observador internacional y director de la Unesco para América Latina y el Caribe.

 

Resaltó que la Asamblea Nacional cumplió con el mandato constituyente de dictar la Ley Orgánica de Educación Superior y, sobre la base de esta normativa, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) realizaron las evaluaciones respectivas a las 26 universidades que el extinto Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), ubicó en la categoría “E”.

 

Según la ley en mención, el Ceaaces -en 18 meses- tenía que hacer una nueva evaluación a las universidades que se encontraban en la categoría “E”, con parámetros técnicos establecidos por la Unesco, capítulo latinoamericano y los resultados arrojaron que 14 universidades quedan suspendidas definitivamente del sistema de educación superior, porque no reúnen los requisitos de calidad en beneficio de los estudiantes.

Raúl Abad recordó que, según René Ramírez, titular del Senescyt, existe un plan de contingencia a favor de los 38 mil estudiantes que saldrían de estas universidades, por tanto, quienes quieran beneficiarse de este procedimiento, deberán ingresar a la página web de la Senescyt y buscar el plan de contingencia, a fin de que se dé la movilidad o migración de estudiante al nuevo centro de educación superior, tras señalar que si en la universidad que estuvo el alumno pagaba un costo determinado, cuando en el nuevo centro haya un costo mayor, la persona seguirá costeando el valor anterior, el resto lo cubrirá el Estado, pues el objetivo es proteger al estudiante.

El parlamentario subrayó que las 14 universidades cerradas no solo tuvieron 18 meses, sino alrededor de cuatro años, tiempo suficiente, para mejorar sus procesos educativos, en beneficio de nuestros profesionales, ya que no se puede permitir que un doctorado se dé en uno o dos años, ni tampoco se formen ingenieros en cosmetología, cuando la ingeniería tiene que ver con las ciencias exactas.

De lo que conoce, dijo, los rectores de las universidades suspendidas tuvieron audiencias públicas y el derecho a realizar las apelaciones necesarias, si se sentían perjudicadas en sus calificaciones.

Indicó que quienes obtuvieron un título en estas instituciones no tienen ningún inconveniente, ni tampoco aquellos que se encuentran en el penúltimo año, pues podrán culminar sus estudios. El problema es para los estudiantes que han iniciado sus estudios y tienen 50 hasta 200 créditos.

Añadió que las universidades que obtuvieron la calificación de parcialmente aceptables tendrán una nueva evaluación y, si no mejoran, lamentablemente, se cerrarán, tras recordar que según la Ley Orgánica de Educación Superior todas las universidades tienen que nuevamente evaluarse y acreditarse, para así transparentar el funcionamiento de las universidades camino hacia la excelencia.


JLVN/eg

 

 

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