Para conocimiento y resolución de la Asamblea están dos nuevos instrumentos internacionales: el Convenio de Cooperación con el Gobierno del Reino de Camboya para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos”; y, la “Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar”.
Tales documentos fueron remitidos a la Legislatura por parte del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, los mismos que cuentan con el dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional.
Conservación de recursos pesqueros
La Convención dispone la conservación y ordenación de los recursos pesqueros de manera transparente, responsable y no excluyente, considerando las mejores prácticas internacionales; la pesca guardará proporción con la explotación sostenible de los recursos pesqueros, teniendo en cuenta las repercusiones en las especies distintas de las especies objetivo, así como en las especies asociadas o dependientes, además de la obligación general de proteger y preservar el medio ambiente marino; se deberá evitar o eliminar la sobrepesca y el exceso de capacidad de pesca.
También permite recopilar, comprobar, notificar y compartir datos completos y precisos sobre la pesca, que incluyan información relativa a sus efectos en los ecosistemas marinos; las decisiones se basarán en la mejor información científica y disponible y en el asesoramiento recibido de todos los subsidiarios pertinentes; protegerán los ecosistemas marinos, especialmente aquellos que requieren plazos de recuperación prolongados después de haber sufrido alteraciones; se deberán reducir al mínimo la contaminación y los residuos procedentes de los buques pesqueros.
Bienes del patrimonio cultural
El Acuerdo de Cooperación con Camboya establece las bases y procedimientos sobre las cuales las Partes cooperarán en la protección, conservación, recuperación y restitución de los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural, que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita en sus territorios.
Igualmente, regula la reciprocidad entre los dos países para la asistencia judicial para la investigación, enjuiciamiento y sentencia de los responsables de estos delitos.
MG/pv
