Ejecutivo envió proyecto de Ley de Cultura

Ejecutivo envió proyecto de Ley de Cultura

El presidente de la República, Rafael Correa Delegado, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que fija las garantías operativas de los derechos culturales, regula las bases del Sistema Nacional de Cultura, su dimensión funcional y fundamentos de las políticas culturales.

El proyecto, que forma parte de los nueve que debe aprobar la Función Legislativa por mandato constitucional, contiene 92 artículos, tres disposiciones generales, dos transitorias una derogatoria y reformas, regula los principios, los derechos y las disposiciones constitucionales referidos a la cultura y al Sistema Nacional de Cultura.

Define las potestades, competencias y obligaciones del Estado en este ámbito y establece los fundamentos de la política pública orientada a proteger y promover la diversidad cultural, la memoria social y el patrimonio cultural; fomenta la creación, circulación y puesta en valor de los bienes y servicios culturales y artísticos; garantiza el acceso al espacio público y a la esfera mediática, a la formación en arte y cultura y determina las relaciones de la cultura con el derecho de autor, la ciencia y la tecnología, el ambiente y el turismo.

Sobre la base de estos principios prevé tres niveles de protección del patrimonio cultural: un nivel básico que ampara a todos los bienes; y, dos niveles específicos y progresivamente severos que se aplican a los bienes que han pasado por un proceso de catalogación o de registro. En materia de Patrimonio Cultural se procura la identificación de los bienes de especial relevancia y estimula el estudio y la puesta en valor de los mismos, sin descuidar la atención  especializada sobre los ámbitos generales de protección que comprende, además de los bienes antiguos y monumentales, nociones contemporáneas como el patrimonio industrial y el relativo a los bienes culturales que circulan en el ciberespacio.

Con este objetivo, se estructura tres institutos: de Memoria Social y del Patrimonio Cultural; de Museos y Sitios Patrimoniales; y, de las Bibliotecas y Archivos. Estos institutos estarán adscritos al Ministerio encargado de la cultura, asumirán la dispersa institucionalidad que actualmente tiene la potestad de salvaguardar el patrimonio o de custodiarlo, permitiendo que estas responsabilidades públicas sean implementadas de forma coherente. De esta manera se fomenta el libre sistema de información patrimonial, permitiendo la consulta del público, y que la ciudadanía, comunidades, pueblos y nacionalidades conozcan  tanto el registro como la medida de salvaguarda implementada en cada momento a favor del Patrimonio Cultural y actuar consecuentemente en caso de amenazas a su conservación.

En materia de fomento a la creación, distribución y circulación de bienes y servicios culturales y artísticos, el proyecto acoge las principales recomendaciones de los tratados internacionales, relativas a la protección de la diversidad cultural y al fomento de las industrias culturales y viabiliza así la efectiva garantía del derecho de acceso a la cultura.

En lo referente al fomento de las artes se crea el Instituto Nacional de las Artes que se ocupará de todas las disciplinas artísticas, exceptuando el sector cinematográfico y audiovisual. Entidad que estará adscrita al Ministerio de Cultura, pero conformado por consejos participativos donde tienen voz y voto los representantes de los sectores culturales y artísticos del país.

La normativa reserva para la Casa de la Cultura Ecuatoriana una función específica dentro del sistema nacional de cultura: el de ser un especio de diálogo, participación y debate y un lugar de difusión y comunicación democrático. La ley preserva el carácter electivo de los dignatarios del organismo, pero propone que esa elección deje de ser un privilegio custodiado por complejas reglamentaciones y pase a ser una responsabilidad surgida de una elección democrática de todos los artistas y creadores de cada provincia. De esta manera será un apoyo fundamental de la política cultural al constituir un ente de carácter consultivo del Ministerio encargado de la cultura. Para su accionar conservará  el conjunto de sedes que actualmente posee. No ocurrirá lo mismo con sus dependencias especializadas, como la Biblioteca Nacional y la Cinemateca Nacional, que pasarán a ser gestionados, según proponen las disposiciones transitorias de la ley, por el correspondiente instituto de Sistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural.

JLVN/pv