El presidente de la República, Rafael Correa, notificó a la Asamblea Nacional, la declaratoria de estado de excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, por las afectaciones de las actividades extractivas mineras ilegales.
El Mandatario señaló que es evidente y de público conocimiento que la minería ilegal desarrollada en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro ha provocado daños irreparables a los ecosistemas locales contaminando fuentes de agua, afectando las actividades productivas agrícolas y perjudicando la salud de los habitantes de las zonas donde se ejecuta esta extracción antitécnica y no autorizada.
El producto de las actividades mineras ilegales en estos cantones ha afectado a los pobladores quienes han sido vulnerados en sus derechos constitucionales por quienes ejecutan estas actividades al margen de la ley, impidiéndoles acceder a seguridad, salud, un medio ambiente sano y al trabajo en condiciones legales, subrayó.
A fin de prevenir, cesar, mitigar, neutralizar y eliminar las actividades de minería ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas, el Jefe de Estado declaró el estado de excepción, ya que dejar de intervenir en esta situación podría generar una grave conmoción interna en los cantones indicados.
Dispuso la movilización nacional, económica y militar en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, a fin de que los organismos del Estado: Ministerios de Defensa Nacional; de Ambiente; de Recursos no Renovables; de Salud Pública; Coordinador de Seguridad y Fiscalía, en el ámbito de sus competencias, ejecuten las acciones necesarias para eliminar y neutralizar las actividades de minería ilegal.
El Ministerio de Defensa Nacional a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante la vigencia del estado de excepción, ejecutará un plan de contingencia con la finalidad de que los efectivos de las Fuerzas Armadas intervengan y aseguren las zonas afectadas por actividades mineras ilegales.
En cambio, los ministerios de Ambiente, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, Salud Pública y Recursos no Renovables, deberán desarrollar un plan de acción que permita la recuperación de las zonas afectadas y de sus habitantes.
El estado de excepción que se dispone en este decreto ejecutivo tendrá una vigencia de 60 días. El ámbito territorial es de carácter nacional en cuanto a la acumulación de recursos y movilización dispuesta pero se aplicará especialmente en dichos cantones.
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