Tres artículos fueron objetados por el presidente de la República, Rafael Correa del proyecto de Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008.
El primer mandatario indica que la investigación de los hechos que tuvieron lugar en Angostura, el 1 de marzo de 2008, requirió la participación activa no solo de los comisionados, sino de distintas personas que formaron parte del equipo y de soporte técnico, quienes por efectos de las obligaciones y funciones que desempeñaron, podrían atravesar situaciones que deriven en persecuciones de tipo civil y penal, por tanto considera que debe ampliarse también a dichas personas.
En este marco propone que se considerarán, para estos efectos, miembros de la Comisión a los comisionados, al director ejecutivo y al personal que haya ejercido funciones y actividades que signifiquen involucramiento en tareas de investigación y obtención de información.
Así mismo, señala que tomando en consideración que ya no opera la Comisión, no es posible que ésta sea la que solicite a la Fiscalía que acoja dentro de su programa de protección de víctimas y testigos a sus miembros y aquellas personas que contribuyeron con la investigación, como testigos o informantes, sino que deben ser ellos mismos quienes deben hacerlo directamente.
Propone que los comisionados, el director ejecutivo, el personal así como los denunciantes, testigos e informantes que de manera directa o indirecta colaboraron en la investigación, de considerarlo necesario, podrán requerir a la Fiscalía ser acogidos dentro del programa de protección a víctimas y testigos, siempre que su seguridad pueda estar en riesgo.
Con la finalidad de armonizar el texto de la Ley, propone que el artículo 5 diga que ante la petición de las personas que de alguna manera participaron en la investigación de los hechos acontecidos en Angostura, la Fiscalía estará en la obligación de atenderlos favorablemente en forma inmediata y oportuna.
Dichas medidas de protección subsistirán mientras existan los factores que las motivaron y sólo podrán cesar previo pronunciamiento motivado de la Fiscalía.
El Pleno tiene 30 días para pronunciarse sobre esta temática, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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