El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional el pedido de denuncia de dos nuevos convenios suscritos por el Ecuador con la Confederación Suiza y Chile, relativos a la protección y fomento de las inversiones, por transgredir la disposición del artículo 422 de la Constitución.
Para tal efecto, el mandatario adjuntó los dictámenes previos y vinculantes de constitucionalidad emitidos por la Corte Constitucional, cuyos informes obedecen al mandato del Art. 438 de la Carta Magna.
La Corte determinó que tales instrumentos contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dichos documentos, desconociendo la jurisdicción de nuestra nación.
El organismo argumentó que también la Constitución en los artículos 416, numerales 9 y 12; 417; 419, numeral 7; 420, inciso segundo, dispone que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los interese del pueblo, al que rendirán cuentas sus responsables y ejecutores; reconoce el derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de estos.
Adicionalmente, fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
Así mismo, prevé que los tratados ratificados por Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta.
La Corte Constitucional puntualizó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en general se constituye en el marco jurídico de mayor deferencia y relevancia en la regulación internacional de los instrumentos internacionales, debido en gran parte a la masiva acogida que ha recibido por parte de la Sociedad Internacional, es sin duda un cuerpo normativo que tiene que observarse para determinar la capacidad del Estado ecuatoriano de denunciar un tratado suscrito.
El contenido de los convenios y las solicitudes del primer mandatario serán analizados por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
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