Fernando Gutiérrez Vera, Defensor del Pueblo; Pilar Núñez y Luis Supligicha de la Asamblea de Comunicación del Ecuador; y Raúl Barba del Comité de Emergencia de Comunicadores Profesionales del Ecuador (COEPCE), fueron recibidos en la Comisión de Comunicación, donde presentaron sus observaciones para el proyecto de Ley Orgánica.Derechos como prioridad
Fernando Gutiérrez Vera, Defensor del Pueblo, subrayó que considerando el contenido garantista de la Constitución la ley debe priorizar el desarrollo los derechos de la comunicación. No solamente nos referimos a la información, sino a la comunicación entre las personas, dijo.
Pidió que se considere el derecho universal a las nuevas tecnologías de información y comunicación; la creación de los medios de comunicación, incluyendo para las personas con discapacidad; y que la ciudadanía integre los espacios de participación.
En este aspecto, precisó que el Consejo de Comunicación debe integrarse con representantes de la ciudadanía y del Estado, lo cual no significa que esté un delegado del Ejecutivo, sino de otra función, como de la de Transparencia
Ministerio de Comunicación
Luis Supligicha y Pilar Núñez de la Asamblea de Comunicación del Ecuador argumentaron que es necesario la existencia de un Ministerio de Comunicación, como órgano rector de las políticas en esta materia.
Pilar Núñez planteó que se incluya un capítulo respecto a las “formas y espacios de expresión”, a fin que no se convierta en una ley de medios. Sostuvo que en el ejercicio de la comunicación social debe existir rigor científico para lo cual se requieren comunicadores titulados.
Defensa de la Profesionalización
Por último, Raúl Barba del Comité de Emergencia de Comunicadores Profesionales del Ecuador (COEPCE), tras recordar que en octubre pasado ya presentó una propuesta para una Ley Orgánica por gestión de competencias comunicacionales, esta vez, defendió la profesionalización de los periodistas y comunicadores sociales titulados, que en el país son 10.300.
Fundamentó su ponencia en el Art. 26 de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos; Constitución de la República y Ley de Educación Superior.
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