En el marco del informe de gestión, el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, señaló que la institución priorizó el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, como uno de los mayores retos del 2014.
Para tal efecto, la entidad tiene una dirección acreditada ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que lleva dos años de funcionamiento y cuya finalidad es prevenir malos tratos en cualquier centro donde las personas estén privadas de libertad; realizamos visitas pormenorizadas a los mismos, indicó.
Señaló que el año pasado se creó la Adjuntía de Usuarios y Consumidores para difundir y posicionar los derechos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios y consumidoras de bienes y servicios privados.
Mencionó que dentro de las campañas nacionales para sensibilizar a la ciudadanía sobre la exigencia de sus derechos y concientizar a los proveedores respecto de sus obligaciones, se realizó la visita a 1.500 establecimientos de cadenas comerciales, en que se identificaron productos y conductas que no se ajustaban a la normativa de protección a las personas, como la falta de información, etiquetado incorrecto, prácticas desleales de mercado, publicidad engañosa, artículos peligrosos para el consumo, lo que permitió impulsar medidas correctivas.
Se recibieron 4.945 casos en materia de derechos de consumidores y 2.891 por el derecho a acceder a servicios públicos domiciliarios de calidad; adicionalmente, se ha brindado 5.393 asesoramientos relacionados a temas de consumidores, agregó.
Resaltó la presentación del proyecto de Ley de Protección Prioritaria de derechos de las persona adultas mayores realizada en 30 de septiembre, que fue resultado de un proceso participativo y ampliamente socializado con el colectivo a nivel nacional.
Acción internacional y nuevos desafíos
En coordinación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Fondo de Población, Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se benefició a personas en situación de vulnerabilidad por su condición de desplazados, refugiados o que pertenecen a grupos de atención prioritaria, sostuvo.
Expuso, además, que le apuestan a generar un proceso de integración de las Defensorías del Pueblo de América Latina en torno a un nuevo paradigma de los derechos humanos, respetuosos de las diferencias y la identidad de sus pueblos, al subrayar la participación en la Red de Consumo Responsable de la OEA, que evalúa la seguridad de productos.
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