Las diferentes organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional resaltaron la importancia de aprobar el proyecto de Ley de Consulta Prelegislativa de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, al tiempo de analizar el carácter vinculante o no de la misma.
Unos legisladores señalaron que en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas se establece con claridad que la consulta tiene que ser vinculante, mientras que otros parlamentarios señalaron que en el artículo 57, numeral 7, habla de la consulta previa, libre e informada que deben realizar las autoridades competentes de manera obligatoria y oportuna, pero no se establece el carácter vinculante.
Destacaron que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales.
Señalaron que al existir otra propuesta de Ley de consulta prelegislativa, de iniciativa de otros legisladores, lo conveniente sería que el Consejo de Administración Legislativa determine la comisión que debe llevar adelante este proceso para preparar el informe para segundo debate del proyecto en mención, tomando en cuenta que la Comisión de Justicia tiene a cargo estos proyectos, mientras que la Comisión de Derechos Colectivos ya preparó el informe para primer debate que se debatió en la sesión 211 del Pleno.
Edwin Vaca resaltó el trabajo realizado por la Comisión de Cultura con las organizaciones de primer y segundo grado luego de las audiencias provinciales sobre el proyecto de Ley Orgánica de Culturas, tomando en cuenta que las comunas, pueblos y nacionalidades son parte del Estado ecuatoriano.
Gerónimo Yantalema, recordó la movilización de las organizaciones sociales, en marzo de 2011, que solicitaron la aprobación del proyecto que está en debate. Recordó que en las normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas son vinculantes, tras señalar que el Ecuador no puede entregar concesiones mineras, sin la consulta previa a los pueblos.
Mientras que María Augusta Calle coincidió con la preocupación de la presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Lourdes Tibán, sobre la existencia de dos proyectos de ley, sobre la misma temática, por lo que considera que el CAL debería tomar alguna decisión para tener una sola normativa. Dijo que el gran debate es el carácter vinculante o no de la consulta, pues, para que sea vinculante se debe cambiar la Constitución, precisó.
Por su parte, el legislador César Montúfar afirmó que en las democracias modernas se debe dar espacio a los ciudadanos para tomar decisiones en conjunto. En lo relacionado con el carácter vincúlate de la consulta dijo que se puede aplicar el artículo 424 de la Constitución y recoger el Convenio 169. Hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, negada hace 520 años, enfatizó.
Xavier Tomalá dijo que es necesario que se respete la Constitución en el tema de la consulta. Sobre la similitud de los proyectos propone que resuelva el CAL; mientras que la legisladora María Molina resaltó los principios constitucionales de progresividad de los derechos, la interculturalidad y la autodeterminación de los pueblos.
Por su parte, Marco Murillo precisó que la consulta previa y la prelegislativa no es una socialización de un proyecto, ni una consulta popular y aclaró que la consulta prelegislativa es un mecanismo de diálogo y que debido a la resolución de la Corte Constitucional es que el Consejo de Administración Legislativa se vio obligado a crear un instructivo para la consulta a los pueblos y nacionalidades en lo que tiene que ver con el proyecto de Ley de Culturas y de Recursos Hídricos, pero lo fundamental sería aprobar este proyecto para establecer los mecanismos bajo una norma jurídica.
Por último, el asambleísta Fausto Cobo, en su calidad de director de la sesión, pidió a los legisladores enviar las observaciones, a fin de que la Comisión de Derechos Colectivos prepare el informe para segundo debate.
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