La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, notificará el próximo miércoles a los miembros del Consejo de la Judicatura la solicitud de juicio político propuesto por el asambleísta Mauro Andino Reinoso. A partir de entonces correrá el plazo (15 días) para la sustanciación de pruebas de descargo y de cargo, respectivamente. De esta manera, el organismo podrá cumplir su labor sin interrupción alguna.
Como se conoce, Andino propuso el enjuiciamiento político de los nueve vocales del Consejo de la Judicatura: Benjamín Cevallos Solórzano, Hernán Jaramillo Ordoñez, Ulpiano Salazar Ochoa, Homero Tinoco Matamoros, Jorge Vaca Peralta, Oswaldo Domínguez Recalde, Óscar León Guerrón, Luis Germán Vásquez Galarza y Marco Tulio Cordero Zamora, por incumplimiento de funciones, ya que no existió evaluación a jueces, ni acciones de capacitación a los funcionarios de la Función Judicial.
Conforme consta en la petición de juicio político el incumplimiento de funciones se evidencia con la total ausencia de sumarios administrativos contra los jueces responsables de la liberación de personas, como consecuencia de la caducidad de la prisión preventiva. Según confirma una comunicación, “fallaron las audiencias”. Esta situación redundó en la caducidad de la orden de prisión preventiva, mecanismo por el cual varios delincuentes recuperaron su libertad, enfatizó.
El asambleísta consideró que el Consejo de la Judicatura se encuentra en cierto estado de “acefalía”, porque el titular del organismo, Benjamín Cevallos, delegó sus funciones a su asesor Manuel Rosales y a su secretaria Julia Cárdenas, a quienes les dio “un poder amplio y suficiente”.
También existen casos de conflicto de intereses, por ejemplo cuando el vocal Luis Germán Vásquez Galarza, actúa como procurador judicial del Banco Pichincha.
Mauro Andino, afirmó que el referido vocal es prestamista de dinero, es decir, actúa al margen del sistema financiero. Incluso dijo que Vásquez Galarza, el 25 de septiembre de 2009, declaró tener dos cuentas, en Produbanco y Banco Pichincha; sin embargo, en septiembre del mismo año el Chase Bank le notificó que se “han identificado transacciones que requieren explicación adicional”. Inclusive se ha ejercido presiones sobre jueces y juezas, a través de un hijo suyo, para obtener sentencias favorables a sus intereses.
PV
