Cerca de 200 personas acudieron al auditorio del Centro Cultural del Gobierno Autónomo del cantón Pastaza, con el propósito de conocer cómo se aplica la política pública de discapacidades, desde las diferentes instancias del Estado, en el marco de la Jornada de Difusión que se cumplió este viernes, en este importante sector de la Amazonía ecuatoriana.
La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo del asambleísta Óscar Ledesma, representante de la provincia de Pastaza, quien destacó la importancia de los procesos de socialización de los proyectos de ley y de las normas aprobadas, de manera que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos y a través de qué mecanismos se puede exigir su cumplimiento.
Posteriormente, el legislador Richard Farfán, de la provincia de Loja, vocal de la Comisión del Derecho a la Salud, expuso los parámetros generales y los beneficios establecidos en la Ley de Discapacidades y cómo se ha transformado la visión de esta realidad, no desde una perspectiva de asistencialismo, sino de una verdadera inclusión en los órdenes económico, político y social.
Acto seguido, Magno Novillo, de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios del Ministerio de Relaciones Laborales, explicó que actualmente son 88 mil los puestos que están ocupados, en el sector público y privado, por personas con discapacidad, al tiempo que, dijo, se han realizado más de 17 mil procesos de inspección para establecer si las diferentes empresas cumplen la ley, en lo que corresponde a la inclusión de personas con discapacidad dentro de la respectiva nómina de sus empleados.
Indicó que, además, esta dirección trabaja en el desarrollo de distintas estrategias para garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente, para lo cual coordina con la Secretaría Técnica de Discapacidades, Setedis; con las bases de carnetización del Ministerio de Salud Pública; el desarrollo de ferias laborales; la capacitación permanente, a través del Servicio de Capacitación Profesional, Secap; y, el establecimiento de la Red de Empresas para la Inclusión Laboral.
Entre tanto, Lizette Mero, representante del Ministerio del Deporte, refirió cómo opera el apoyo al deporte adaptado, que se entiende como aquellas disciplinas que han sido sometidas a procesos de modificación para que sean ejecutadas por personas con diversos tipos de discapacidad intelectual o física.
“Hemos dado un amplio impulso al desarrollo de la actividad deportiva paralímpica”, dijo, al destacar que actualmente hay 19 clubes a nivel nacional y varios deportistas, individualmente considerados, y equipos han tenido participaciones internacionales destacadas, inclusive con campeonatos alcanzados en algunas disciplinas.
Otro de los temas que fueron socializados es el relacionado con el otorgamiento de becas, que fue expuesto por Yesenia Díaz, delegada del Instituto Nacional de Crédito Educativo y Becas, Iece. “En el Plan Nacional de Becas el financiamiento promedio para cada ecuatoriano está en el orden de los 25 000 y 30 000 dólares”, añadió, al informar los requisitos que deben reunir los postulantes a estos programas de financiamiento.
Desde la perspectiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, Magdalena Álvarez, informó que los cabildos hacen su mejor esfuerzo para cumplir con el apoyo al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en lo que atañe a prestar facilidades de acceso, entre ellas, rampas, señalética, colocación de puertas anchas, para permitir, sobre todo, la movilidad de las personas que utilizan ayudas técnicas. Son aspectos arquitectónicos, técnicos y tecnológicos, enfatizó.
Finalmente, Patricio Cabezas, servidor legislativo con discapacidad física, compartió con el auditorio su experiencia y cómo enfrentó la falta de movilidad de sus piernas. “Yo comprendí mi situación cuando entendí que existe la Ley de la Compensación y ésta consiste en que cuando Dios quita algo, da algo a cambio y esa fue la base para asumir la discapacidad y demostrar que sí se puede ser una persona capaz de trabajar, de tener una familia, de formarse, porque solo con nuestra preparación podremos exigir nuestros derechos, no por la discapacidad, sino por nuestro profesionalismo”, subrayó.
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