A propósito de la presencia de los dirigentes de la Confederación de Profesionales de Salud, el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, aseveró que en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, de ninguna manera, se pretende criminalizar a los profesionales de la salud.
Dijo que al amparo del artículo 54 de la Constitución, lo que se busca es definir una legislación contra las personas u organizaciones que presten servicios públicos deficientes y, lo que es más, que los responsables de la mala práctica en el ejercicio de su profesión, a nivel general, no un sector o actividad en particular, respondan civil y penalmente.
El mayor objetivo es garantizar los derechos de todos los profesionales, al igual de las víctimas, con la reparación económica por el daño que se cause a una persona. Es fundamental, tomando en cuenta la demanda ciudadana, sancionar la negligencia médica y acabar muchos casos que han quedado en la impunidad, enfatizó.
Patricia Gavilánez, titular de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros, propuso que toda infracción culposa en el ejercicio profesional de la salud esté tipificada en el proyecto de Ley Orgánica de Salud.
Además, planteó la creación de un consejo nacional de vigilancia y control profesional de la responsabilidad en salud, tras afirmar que el proyecto de código criminaliza y penaliza de manera ambigua y general situaciones derivadas de la atención sanitaria.
Contradicciones
En respuesta, el legislador Mauro Andino Reinoso señaló que como abogado, él no estaría jamás de acuerdo en que en un Código Penal solo se trate de delitos dolosos, pues ello sería una herejía jurídica, por tanto, la propuesta de sacar del proyecto a los delitos culposos generaría inseguridad tremenda y una impunidad a todo nivel.
Asimismo, consideró que la idea de crear un organismo administrativo que determine la responsabilidad culposa es pretender legislar, prácticamente, aparte de lo que manda la norma constitucional.
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