A criterio del presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, el proyecto de Código de Planificación de las Finanzas Públicas, prevé importantes cambios en el modelo de gestión del Estado, en aspectos como política pública, como un instrumento para la garantía de derechos y el logro de resultados, planificación como obligación del Estado; planificación de mediano y largo plazo, vinculada a la programación plurianual y el presupuesto; construcción social de la política pública; y la inversión pública como instrumento clave para el desarrollo.
En el marco del primer debate de la propuesta, el asambleísta sostuvo que en la normativa actual existe una ausencia de planificación nacional y una planificación local desarticulada y débil, que no propician la construcción del proyecto nacional y más bien fortalece cacicazgos; una planificación exclusivamente institucional, con enfoque en el corto plazo sin visión estratégica, con política pública corporativizada formulada por grupos dominantes.
Señaló que en el país se han construido obras públicas sin planificación, que ha existido un divorcio absoluto entre el presupuesto y la planificación. Actualmente, dijo, el manejo de la liquidez de los recursos públicos es realizado de forma atomizada y descoordinada llevando a las entidades públicas en muchos casos a incurrir en costos financieros adicionales para la obtención de recursos necesarios para suplir los egresos públicos, circunstancia que puede evitarse al implementar el sistema de gestión integrada de liquidez.
Advirtió que, según el proyecto, el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en ningún caso podrá sobrepasar el 50% del Producto Interno Bruto.
Agregó que entre los principales aportes que la Comisión hizo fue aclarar la autonomía e independencia de los GAD y el Seguro Social en su Planificación y Manejo de los Recursos, al tiempo que precisó que ahora se propone que el Estado ecuatoriano actué con el presupuesto de manera anticíclica para que haya un flujo ordenado y equilibrado de las finanzas públicas todo el año y con una programación que no se pare en diciembre.
Velasco amparado en el segundo inciso del Art. 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referente a los plazos, pidió a los asambleístas hagan sus observaciones en el menor tiempo posible ya que hasta el primero de octubre se deberá presentar al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el informe para segundo debate.
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