“Rechazo totalmente las expresiones de ciertos dirigentes de la Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sobre un supuesto desalojo del que habrían sido víctimas la noche de ayer. Nunca se ha desalojado a nadie, las puertas de esta Asamblea están abiertas a la participación activa de la ciudadanía”, enfatizó la presidenta encargada, Irina Cabezas.
También subrayó que es falso que en la Ley de Recursos Hídricos se propicie la privatización del agua. “En esta ley se profundiza el principio constitucional que prohíbe la privatización del agua, lo que pasa es que en este tema se están rompiendo estructuras jurídicas caducas y eso afecta determinados intereses”, aclaró, al subrayar que todos los sectores involucrados en la temática seguirán siendo escuchados en la Comisión de Soberanía Alimentaria, en el proceso de construcción colectiva de la ley que regule la gestión y administración del agua.
El pueblo está cansado de mentiras
De su lado, el titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, justificó su decisión de clausurar la comisión general en la que participaron 10 delegados de las organizaciones campesinas e indígenas, a quienes, conforme se había acordado con la dirigencia, se les solicitó que expongan sus puntos de vista en torno a los nudos críticos de la Ley de Recursos Hídricos. “No obstante, pese a que insistí desde la Presidencia que se centraran en los temas críticos, se negaron a hacerlo y clausuré la comisión general”, reiteró.
“Nosotros actuamos con absoluta transparencia; hemos dado paso a todo lo que se ha pedido desde los sectores indígenas y campesinos, a través de los asambleístas Gerónimo Yantalema y Ramiro Terán, pero no podemos permitir que ellos quieran imponer su agenda al interior de la Comisión. El pueblo está cansado de las mentiras, detrás de esa actitud hay claros intereses partidistas”, sentenció.
Se desprivatiza el agua
Abril reiteró que en el Art. 5 del proyecto de Ley de Recursos Hídricos se consagra la desprivatización del agua, cuando dispone que se terminan las concesiones; se acaba el acaparamiento del líquido vital, se respeta el derecho humano al agua. Así mismo, en el Art. 81 se determina que serán nulos los títulos mineros otorgados a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras en zonas que afecten las áreas protegidas, bosques protectores, zonas de amortiguamiento y zonas que afecten a los nacimientos de agua, agregó.
En cuanto a la prelación del agua, explicó que en primer lugar está el consumo humano; en segundo, el riego y abrevadero para garantizar la soberanía alimentaria; en tercer lugar, apoyo y cuidado del caudal ecológico; cuarto, el aprovechamiento económico. Dentro de ese orden de prioridades se reconoce que también existe el sector privado que aporta todos los días al crecimiento de este país, con la producción de alimentos, acotó.
Estas son dos muestras claras de que los puntos que sirven de plataforma para anunciar levantamientos ya han sido recogidos por la Comisión, agregó.
Respaldo a la ley
De otro lado, expresó su optimismo frente al mensaje que mañana varias organizaciones indígenas y campesinas de los sectores urbanos y rurales acudirán hasta la sede Legislativa para espaldar esta ley, que desprivatiza el agua. Será un respaldo a la Asamblea, a la Comisión y a los asambleístas que estamos construyendo una ley de tanta trascendencia para el presente y el futuro del país.
Avance de la ley
Indicó que hasta el momento se ha aprobado hasta el Art. 230 y se aspira continuar esta tarde con el análisis de los nudos críticos. “Creemos que esta ley introducirá cambios profundos para beneficio de los 14 millones de ecuatorianos”, concluyó.
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