La asambleísta María Soledad Vela, de Manabí, señalo que si bien la Constitución incorpora a los adultos mayores en los grupos de atención prioritaria, no existe la normativa secundaria adecuada, ni una acción determinante por parte de la sociedad y las familias para hacer exigibles los derechos de este grupo.
Con estos argumentos, la parlamentaria hizo un llamado a las entidades públicas, privadas y organizaciones sociales para que se involucren en el tema, a fin de que se cumplan los preceptos constitucionales en beneficio de los adultos mayores. Por ello, dijo, es necesario establecer procedimientos claros y oportunos que permitan la restitución y reparación de los derechos vulnerados de este sector social.
Agregó que la situación de las personas adultas mayores obliga a que las reformas que se realicen desde la Asamblea Nacional impulsen que el Estado planifique programas en materia de salud que contribuyan al desarrollo integral, físico, mental y social en esta etapa del ciclo vital, así como de prevención de enfermedades crónicas y sus complicaciones y políticas de asistencia sobre todo a quienes no tienen un sistema de seguro.
María Soledad Vela recordó que en diciembre del año pasado con la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto referente a derechos de las personas usuarias y consumidoras en el que se da un tratamiento preferencial a este grupo de atención prioritaria en los servicios públicos, sean estos domiciliarios o no y los servicios privados poniendo énfasis al descuento constitucionalmente reconocido y la atención inmediata de sus requerimientos como también la complementación de un procedimiento ágil expedito de restitución y reparación de derechos así como sanciones por el incumplimiento y violación de los mismos. Este proyecto se está analizando actualmente en la Comisión de Desarrollo Económico.
Finalmente, pidió a los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos, que trata el proyecto de Ley del Anciano, profundice este tema, ya que no se puede desaprovechar esta oportunidad para realizar una norma justa para quienes han dado su esfuerzo a las familias, a la sociedad y al Estado.
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