El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, al ser recibido en comisión general en el Pleno de la Asamblea Nacional, señaló que es necesario actualizar la Ley de Defensoría del Pueblo que data de 1997, a fin de garantizar la defensa de los derechos ciudadanos.
El funcionario recordó que este proyecto fue analizado y discutido por el espacio de dos años al interior de esta institución con personal altamente profesional. Posteriormente se realizaron varios encuentros con la ciudadanía para socializar el documento y escuchar observaciones, lo cual permitió establecer un proyecto con elementos fundamentales que permitirán revolucionar a esta entidad en beneficio social, ya que protegerá sus derechos con mejores herramientas y mecanismos.
Dijo que el cuerpo legal crea dos espacios: uno orientado a los derechos y libertades; y, el otro a la defensa de consumidores y usuarios. Lo ideal es fortalecer estas dos estructuras de conformidad con lo que determina la Constitución, estableciendo mecanismos y medidas de cumplimiento obligatorio para la protección de los derechos ciudadanos.
Al referirse, al ámbito de protección de acción ciudadana, dijo que lo conveniente es determinar en la propuesta acciones colectivas, como por ejemplo cuando se da un mal servicio de salud se podría desarrollar acciones ciudadanas para defensa colectiva.
En cuanto al combate a la impunidad, dijo que actualmente la Defensoría del Pueblo solo puede hacer una vigilancia del debido proceso, pero lo conveniente sería que esté facultada para combatir cualquier asunto de impunidad.
Hay que fortalecer a la Defensoría del Pueblo para que las soluciones para consumidores y usuarios sean reales, expresó al indicar que la Constitución determina que esta institución debe defender a los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero. Este aspecto no ha sido desarrollado en ninguna ley secundaria, por ello, se propone la protección efectiva de los compatriotas en el exterior, para que gocen de sus derechos.
Aclaró que el proyecto no solo refuerza la institución, sino que su objetivo central es la protección de los derechos humanos de las personas, dando lugar a un beneficio ciudadano. Toda propuesta es perfectible, dijo al pedir se analice el documento.
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