La asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle enfatizó que es necesario desarrollar mecanismos de promoción de inversiones e instancias de arbitraje internacional que consideren los derechos de los pueblos y de la naturaleza por sobre los intereses financieros de las empresas, que promuevan la aplicación del derecho internacional, la justa distribución de utilidades y la composición equilibrada de los tribunales de arbitraje.
Esta es una responsabilidad que no puede ser eludida por nuestros parlamentos, que representan a sus pueblos, expresó la legisladora, durante la cuarta sesión plenaria del 23 Foro Parlamentario Asia Pacífico que concluirá mañana con la firma de la declaración final.
Proponemos al Foro Asia Pacífico promover nuevos mecanismos para la negociación de contratos justos, equitativos y directos entre sus Estados y los inversores extranjeros, basados en el derecho internacional y que, sin perjuicio para los inversores, dejen a salvo la jurisdicción soberana de los Estados para implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo de sus naciones, subrayó.
Igualmente, sostuvo que es necesario crear comisiones especiales de este Foro para que realicen el seguimiento a los casos emblemáticos en contra de los Estados Parte de este Foro y que se elaboren proyectos legislativos modelo para la prevención de consecuencias de dichos casos.
Así mismo, expresó que es importante que este Foro impulse el cumplimiento de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Vigésimo Sexta Sesión, respecto a la elaboración de un instrumento vinculante para regular, en materia de derechos humanos, las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas.
Adicionalmente, planteó que se incluya una resolución para rechazar los abusos de los recursos judiciales y de mecanismos extrajurídicos, las campañas maliciosas y los instrumentos de presión geopolítica que emplean las corporaciones transnacionales contra los Estados, como son los casos de Chevron y Occidental contra Ecuador.
María Augusta Calle recordó que las estadísticas sobre las decisiones de los tribunales de arbitraje del CIADI revelan que apenas en el 28% de las decisiones se declararon sin lugar todas las reclamaciones, mientras que en el 48% se declaran a lugar parcial o totalmente las reclamaciones de las empresas.
Esta tendencia es cada vez más favorable a las empresas, pues solamente en el 2012, las decisiones a favor de los Estados parte se redujeron a 11%, mientras que a favor de las empresas subieron al 63%, informó.
Señaló que en el caso de Occidental contra Ecuador, están en juego más de 1.700 millones de dólares que la empresa reclama por una supuesta expropiación, es decir, un valor similar al presupuesto estatal para salud de un año.
Finalmente, manifestó que el laudo arbitral establece con claridad el incumplimiento del contrato por parte de esa empresa, al transferir los derechos de ese bloque petrolero a una tercera compañía, sin el conocimiento ni autorización del Estado ecuatoriano y reconoce que el contrato determina esa como una causa para la caducidad del contrato, pese a lo cual ese mismo laudo sostiene que la declaración de caducidad de contrato es una medida excesiva... porque Oxy actuó por desconocimiento y no por mala fe.
PV
