El panelista Mauro Cerbino, profesor e investigador del programa de estudios de la Comunicación de la Flacso, propuso un ejercicio de comparación entre la Ley vigente de Radiodifusión y el proyecto de Ley de Comunicación para poder discutir los contenidos de este cuerpo legal, ya que ello permitirá determinar la necesidad de regular los medios de comunicación para evitar la concentración del espectro radioeléctrico y crear las condiciones para que otros actores puedan posicionar su palabra en la esfera pública.
En este marco, calificó de positivo que a través de este documento se exija la necesidad de recoger el informe de auditoría al espectro radioeléctrico, lo cual permitiría restituir proporcionalmente a cada sector: público (33%), privado (33%) y comunitario (34%) las frecuencias. Es decir, que los resultados del estudio que se realizó en el 2009 no quedarán en letra muerta, sino que se revertirán al Estado aquellas frecuencias que fueron adquiridas ilegítimamente y distribuirlas de manera equitativa y eficiente.
De esta manera se garantizará los derechos a la libertad de información, expresión y de propiedad de medios y se promoverá la inserción de actores diversos comunitarios como un sector capaz de contar con medios propios y participar en forma lícita en la adquisición de frecuencias radioeléctricas, a la vez que destacó que la realización de la renovación de frecuencias se lo realice mediante un concurso organizado por la autoridad de telecomunicaciones.
Al referirse al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, subrayó que tal como está conformado en el borrador del texto de Ley de Comunicación, hay tres representantes del Estado: uno del Ejecutivo, otro de los consejo de Igualdad y otro de los gobiernos autónomos descentralizados, por tanto, hay una relativa independencia del gobierno central. Además, se da espacio a las facultades y escuelas de comunicación social de las universidades públicas y se toma en cuenta a un representante de los movimientos sociales y derechos humanos, tras asegurar que dentro de las atribuciones de este organismo no consta el de clausurar los medios de comunicación.
En lo atinente a los espacios virtuales, precisó que existe una cierta contradicción en lo que se establece en el artículo 3, inciso segundo del proyecto de Ley, que determina que esta ley no regula la información u opinión que circula en las redes sociales, con el artículo 22, que establece la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, específicamente, del formato de medios tradicionales en electrónicos donde se reclama que esos medios controlen y registren la identidad de las personas que interlocutan en esos medios, por ello, dijo que tal como está redactado, podría generar una pequeña y parcial restricción a la libertad que debería haber en la interlocución entre los lectores de un determinado medio impreso y un digitalizado.
Resaltó que en el proyecto de ley se tutela los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, la remuneración justa, la provisión de materiales, así como el acceso de capacitación, lo cual es de vital importancia.
Finalmente, pidió que se revisen algunos textos del cuerpo legal que son confusos y pueden generar problemas ya que en la normativa no se recoge a cabalidad las diferencias conceptuales entre información y opinión; no se observa un esfuerzo suficiente por desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación pues únicamente se legisla para los conglomeraos de medios, lo cual va en detrimento de la variedad de contenidos diversos; además, dijo que no se establecen funciones claras para el Consejo editorial.
JLVN
