Hay que clarificar el papel del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) y el de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria dijo Ian Carrett, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Agricultura y la Alimentación, al solicitar a la Comisión de Biodiversidad tome en cuenta sus observaciones a fin de evitar confusiones y duplicidades en el marco institucional en materia de Soberanía Alimentaria.
Carret propuso que en las reformas al artículo 31 se incluya un texto que determine que el SISAN tiene como función coordinar acciones y políticas relativas al régimen de la soberanía alimentaria, en todos los niveles de gobierno.
No están de acuerdo que se otorgue a la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria el derecho público, ya que se podría afectar su carácter de representación del sector privado y ciudadanía en general, por tanto, los cambios sugeridos en el artículo 33, implican una limitación mayor sobre la posibilidad de participación de grupos relevantes de la sociedad civil, como por ejemplo comunidades indígenas y el sector agroexportador.
En el artículo 34 sugiere una redacción más general que clarifique las facultades de fiscalización y jurisdicción, tomando en cuenta el artículo 100 de la Constitución, que hace referencia a la participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, por ello consideran que se debe eliminar la posibilidad de la Conferencia de intervenir en la aplicación de las políticas.
Mostró su desacuerdo con relación a la reforma a la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (Lorsa) que ordena aprobar en dos años 14 leyes claves sobre la producción y ordenamiento agroalimentario, argumentando que se trata de normas técnicas.
Aseguró que la Conferencia no debería ser la entidad encargada de redactar los proyectos de ley sobre estas temáticas, ya que desviaría la atención de la Conferencia que debe velar por las diferentes acciones políticas y su implementación, por lo que sugirió que esta tarea sea realizada por cada ministerio del ramo, pero considerando los puntos de vista de la Conferencia, en un proceso participativo y coordinado.
Recomendó revisar el mandato legal y sustituirlo por uno más general que determine que “la Conferencia velará por la adecuación de las leyes agroalimentaria a los objetivos de esta Ley. Con este fin, la Conferencia, en colaboración con los Ministros del ramo podrá proponer políticas y propuestas de reforma legislativa en las materias conexas con la Soberanía Alimentaria”.
Finalmente, dijo que la reforma a la LORSA presenta un grave inconveniente, ya que confunde la naturaleza de la Conferencia con la de un Consejo, dándole una estructura y atribuciones diferentes y, en algunos casos, invadiendo atribuciones que por Constitución pertenece a otros órganos y/o instituciones.
La presidenta de la Comisión, Rosana Alvarado indicó que serán analizadas estas propuestas puntales presentadas desde la FAO, tomando en cuenta que son claras y precisas y ayudan a clarificar varios aspectos.
JLVN/pv
