En el VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, que se desarrolla en la ciudad de Cuenca, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al explicar los beneficios y adelantos de la Constitución y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, subrayó que para lograr el disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales es necesario que todos los niveles de gobierno asuman esa responsabilidad compartida, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.
Esperamos que el 2013 pueda convertirse en el año del ordenamiento territorial por la promulgación de una ley que desarrolle este tema fundamental para apoyar la lucha contra la pobreza y el Buen Vivir contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Señaló que en el COOTAD en forma imprecisa se establece que “para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones, pero para ello hay que determinar y acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.”
Si bien siempre es posible una reforma a la ley, y ese podría ser el camino en el caso del COOTAD, los problemas parecen bastante más serios que un problema de redacción, pues se requiere resolver problemas tales como: los procesos de extracción de recursos naturales del subsuelo, son competencia exclusiva del Gobierno Nacional; sin embargo el uso de suelo, superficial, es competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Hay que resolver mediante una coordinación y complementación esta contradicción respecto al ordenamiento territorial de áreas sometidas a procesos extractivos de recursos naturales no renovables, afirmó.
Añadió que la función social de la tierra también incluye el suelo que actúa como “soporte” de actividades de producción y consumo y por ende hay que garantizar con una ley el ordenamiento territorial urbano y mediante acciones planificadas la clasificación del suelo y su reserva para la expansión urbana o las actividades productivas, sometiéndolo siempre al interés público y colectivo y no al mercado inmobiliario, generalmente especulativo.
Además, dijo, los catastros inmobiliarios son competencia exclusiva de los gobiernos municipales, pero al no existir una norma nacional que establezca sus contenidos mínimos será muy difícil conseguir un catastro nacional inmobiliario homogéneo “integrado georeferenciado, de hábitat y vivienda” que pueda convertirse en una herramienta de planificación en todas las escalas territoriales.
Manifestó que hay equipamientos e instalaciones de carácter nacional que afectan el uso del suelo urbano y rural de algunos cantones, tales como: puertos, aeropuertos, zonas de extracción de recursos naturales no renovables, carreteras nacionales, hospitales, universidades públicas, etc. que deberían ser competencias del Gobierno Nacional y que deben articularse o expresarse en los planes cantonales mediante procesos concurrentes.
La planificación territorial y sus niveles de afectación al suelo urbano y rural no pueden ser entendidos como “derechos adquiridos” por los propietarios privados, por tanto un suelo podría modificar sus características de uso y ocupación sin contar con la aceptación o reclamo de sus propietarios a fin de que prime el “bien común” y no el interés particular.
Los gobiernos autónomos descentralizados al ser los únicos responsables del uso y ocupación del suelo cantonal, muchas veces se convierten en “juez y parte” de acciones evidentemente violatorias de los derechos constitucionales de la mayoría de habitantes, actuales o futuros de una localidad. Esta misma situación se produce en el ámbito de los servicios públicos llamados básicos. Hay muchas voces que sugerimos la creación de una o más superintendencias para controlar el ordenamiento del territorio, el patrimonio natural y cultural, los servicios públicos básicos, agregó.
Estos, entre otros problemas identificados, continuó, requieren, más que de una reforma al COOTAD, un sistema normativo complementario que superando la organización territorial establezca un conjunto de referentes obligatorios en el campo del ordenamiento territorial u ordenación del territorio, tanto urbano cuanto rural que precautele la autonomía de los GAD, pero al mismo tiempo permita una radicalización de los compromisos y apuestas por un país que aspira a gobernarse en forma descentralizada para derrotar más rápidamente a la pobreza .
Reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, vamos a ordenar nuestro territorio para conseguir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay, concluyó.
JLVN/pv
