El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana, a las 10h30 a la continuación de la sesión No. 186 del Pleno, para votar el proyecto de resolución que rechaza el Real Decreto Ley 16-2012 publicado por el gobierno del Reino Unido de España el 20 de abril de 2012 y que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2012, por considerar que su aplicación es discriminatoria y atenta contra los derechos humanos.
Además, los asambleístas debatirán los informes de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, correspondientes a los pedidos del presidente de la República de aprobar el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transaccional; y, aprobar el Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal.
Resolución
El proyecto de resolución tiene como objetivo impulsar todas las acciones que la Cancillería de la República del Ecuador realiza en España a fin de que se adopten las medidas necesarias que posibiliten en acuerdo con el gobierno de ese país, para promover la suscripción de un convenio bilateral de reciprocidad entre el Ministerio de Salud del Ecuador y el Ministerio de Sanidad español para que el gobierno del Reino de España asuma el costo de atención en salud de los ciudadanos ecuatorianos y el gobierno del Ecuador ofrezca atención médica a los ciudadanos españoles en nuestro país.
Además, se saluda la resolución de la Asociación de Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria que agrupa a 17 sociedades médicas de España, que promueven una objeción de conciencia de los médicos para que atiendan a las personas con problemas de salud independientemente de su lugar de origen y condición económica, social y/o legal.
Para el jueves 13 de septiembre, a las 09h30, convocó a la sesión 187 del Pleno, con la finalidad de tratar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social; el proyecto de resolución para instar a los gobiernos autónomos descentralizados normen el procedimiento administrativo y sustancien la titulación o legalización de dominio de los predios que no han sido inscritos en el Registro de la Propiedad y que se encuentran ubicados en las zonas urbanas y expansión urbana de sus circunscripciones.
También consta en el Orde del Día el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales.
Transparencia y Control Social
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social que tiene como objetivo regular la estructura institucional y funcionamiento de la Función de Transparencia y Control Social y de su instancia de coordinación y desarrollar sus competencias, potestades, obligaciones, deberes y atribuciones de conformidad con los preceptos de la Constitución.
Veto parcial
La objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Defensa de los Derechos Laborales contiene cinco modificaciones referentes a que no se suspenda el proceso de coactivas cuando se persigan los bienes de los obligados; el abuso del derecho; las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales cuando actúe en representación de los derechos de los trabajadores; que los empleadores que no hayan afiliado a sus trabajadores, en los últimos tres años, lo hagan, extemporáneamente, sin multas ni recargos, en un plazo máximo de seis meses; y, se reconozca a los afiliados todos los beneficios que les corresponda, aún cuando sus empleadores se encuentren en mora en el pago de sus obligaciones.
El presidente de la República, Rafael Correa, propone que el artículo 2 del proyecto, diga “en caso de que se trate de embargo de bienes, en uso de las atribuciones a que se refiere el artículo 1 de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, la tercería excluyente no suspenderá la ejecución, sino a partir de que el Tribunal de lo Contencioso Tributario así lo ordene, de existir indicios suficientes de la ilegitimidad del embargo”.
En cuanto al tema del abuso del derecho plantea que el artículo 7 diga: “constituye abuso del derecho cuando su titular excede irrazonablemente y de modo manifiesto sus límites, de tal suerte que se perviertan o se desvíen, deliberada y voluntariamente, los fines del ordenamiento jurídico”.
El Mandatario objeta el tercer inciso de la Disposición Transitoria Primera del proyecto, por lo cual propone que una vez realizado el pago a cada trabajador, el Ministerio de Relaciones Laborales se subrogará de pleno derecho como acreedor de las obligaciones canceladas a los trabajadores y continuará con los juicios coactivos iniciados para recaudar los valores pagados a los trabajadores, teniendo para el efecto, las facultades señaladas en el artículo 1 de esta ley, entre otros aspectos.
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