El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, enfatizó que el estado de excepción en la Función Judicial está plenamente justificado en lo que establece el artículo 164 de la Constitución, porque el sistema de justicia está a punto de colapsar, es decir, hay grave peligro de que se produzca una conmoción interna en el país.
Es claro ver a madres de familia que no pueden cobrar las pensiones alimenticias; miles de presos sin sentencia; miles de procesados que han salido libres acogiéndose a la caducidad de la prisión preventiva; infractores sin sentencia; otros que deben ser sujetos a un proceso más allá de las 24 horas, a pesar de estar privados de la libertad, dijo el asambleísta al advertir que existen méritos suficientes para que el Presidente de la República haya declarado el estado de excepción en la Función Judicial.
Aclaró que el Consejo de la Judicatura es el organismo que debe ejecutar el plan de justicia a la cabeza de su titular Paulo Rodríguez y sus dos compañeros Tania Arias y Fernando Yávar, por tanto, no es el Ejecutivo el que establecerá este plan y es por ello que en el artículo 3 del decreto se establece que el Ministerio de Finanzas debe entregar los recursos suficientes para agilitar, precisamente, lo que el pueblo ecuatoriano dijo el 7 de mayo que es la reestructuración y modernización del sistema de justicia.
También se debe tomar en cuenta el desarrollo tecnológico, a fin de que exista una adecuada coordinación entre las instituciones de la Función Judicial que es otro de los soportes y fundamentos para decretar el estado de excepción, enfatizó.
Recalcó que los fiscales, defensores públicos y jueces estarán bajo las órdenes del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno de administración, control y disciplina de la Función Judicial, al sostener que esta entidad tiene la facultad de movilizar a los funcionarios que se requieran a las provincias, de acuerdo con las necesidades del sistema judicial y donde el caos esté a punto de reventar.
Consideró que estos procesos siempre tienen su riesgo. De la noche a la mañana se va a cumplir esa cara y legítima aspiración de los ciudadanos de cambiar el sistema de justicia, despolitizarlo, que sea incorruptible, que se queden los mejores hombres y mujeres, los más idóneos y capaces a través de procesos transparentes, pues no será suficiente el plazo de 18 meses o los 60 días del estado de excepción, pero sí permitirá sentar las bases sólidas para reestructurar y darle al país una justicia transparente e incorruptible, subrayó.
Por último, dijo que de ninguna manera se despedirá a los funcionarios judiciales sino que se les reubicará en las diferentes judicaturas y fiscalías donde se requiera su presencia.
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