La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, notificará mañana a los ministros de Defensa, Javier Ponce y de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz, con el inicio del juicio político solicitado por los asambleístas Fausto Cobo (PSP) y Abdalá Bucaram (PRE), respectivamente, una vez que el organismo calificó el trámite, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Compra de helicópteros
El ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos, es acusado por el asambleísta Fausto Cobo (PSP), con el respaldo de 54 firmas, de presunto incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la Ley, relacionadas con la indefensión en que estuvo el país frente a las amenazas externas de Colombia; y, por presunciones de responsabilidades penales y civiles por la adquisición de helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Se dispondrá las notificaciones respectivas.
Puente Guayas
Mientras el ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz Luzuriaga, deberá responder por haber concedido una prórroga ilegítima e ilegal a favor de la compañía china Guangxy para la culminación del Cuarto Tramo del Puente Guayas, denominado Puente de los Pobres por parte del Presidente de la República, lo que significaría un perjuicio de alrededor de 15 millones de dólares para el Estado ecuatoriano. Enseguida, se procederá a la calificación del trámite, con la verificación de que se cumpla con lo dispuesto en el Art. 131 de la Constitución de la República, conforme la denuncia del asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE), que cuenta con el apoyo de 60 firmas.
Período de prueba
De esta manera, en los dos procesos se abre el plazo de quince días, contado a partir de la notificación, para que tanto los denuciantes, cuanto el denunciado, presenten ante la Comisión de Fiscalización las respectivas pruebas de cargo y de descargo.
La Comisión, por decisión de la mayoría, de considerarlo pertinente, podrá solicitar pruebas de oficio que aporten a la sustanciación del proceso.
En todo momento se garantiza el derecho a la defensa, que podrá ser ejercida en forma oral o escrita por el denunciado.
EG/pv
