La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, notificó al ex ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, el inicio del trámite del juicio político planteado en su contra por los asambleístas Jorge Escala y Ramiro Terán, con el respaldo de 43 firmas, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa y presente las correspondientes pruebas de descargo.A partir de la notificación, también los asambleístas acusadores tienen 15 días para presentar las pruebas de cargo que sustenten sus afirmaciones, de conformidad con lo previsto en el Art. 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Previamente, el organismo fiscalizador verificó que la solicitud presentada por los asambleístas Terán y Escala cumple con los requisitos establecidos en el Art. 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que el licenciado Vallejo, en su condición de ex ministro de Educación, se encuentra dentro de los funcionarios que pueden ser sujetos de enjuiciamiento político durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de terminado, conforme lo dispuesto en el Art. 131 de la Constitución de la República del Ecuador.
En la providencia, la Comisión de Fiscalización recomienda y solicita a la parte actora remita los nombres y las direcciones de las personas de quienes se solicitará su comparecencia, dentro del plazo determinado en la Ley.
Así mismo, se autoriza a la Presidenta de la Comisión a que despache las solicitudes de las partes y providencie dentro de la etapa de prueba y que, en nombre de este organismo, evacue las pruebas de oficio que considere necesarias dentro del proceso.
Como se recuerda, los asambleístas Ramiro Terán y Jorge Escala, con 43 firmas de respaldo, plantearon seis acusaciones, a más de los anexos de antecedentes, conforme lo determina el Art. 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según las acusaciones, el ex ministro Vallejo habría violentado expresas disposiciones constitucionales y legales al declarar al Ecuador como Patria Libre de Analfabetismo, atentando contra la fe pública y malgastando dineros del Estado para difundir información falsa al respecto.
También, le acusan de cómplice de graves actos cometidos por personeros de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse) al suscribir contratos de infraestructura con familiares; que sería responsable por incumplimiento en la entrega de los nombramientos y partidas docentes creadas en el 2007. Igualmente, habría incumplido el pago del remanente del bono fronterizo a 40 mil maestros de las provincias de la Amazonía y Galápagos.
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