Jaime Vintimilla, especialista en Derechos Colectivos pidió realizar un peritaje antropológico en los bloques 31 y 43 donde se realizaría la explotación petrolera, a fin de constatar que no se registre la presencia de pueblos no contactados en este sitio.
Indicó que su propuesta lo hace desde una visión constitucional de lo que establece el artículo 407 que determina por una parte la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en las área protegidas y en zonas declaradas como intangibles, pero existe una excepción que estos recursos se pueden explotar a petición del Ejecutivo para que la Asamblea Nacional declare de interés nacional y que puede convocar a consulta popular.
Así mismo, tenemos que poner la mirada en los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. En la zona del Yasuní habitan alrededor de 11 mil personas, entre wahoranis y kichwas y pueblos no contactados, es decir, gente en aislamiento voluntario. Si observamos el artículo 57 inciso segundo de la Constitución describe una prohibición de actividad extractiva, por tanto, si hay pueblos no contactados lo correcto es poner en una balanza y ponderar entre el derecho que tiene el Estado de extraer los recursos no renovables versus los derechos de los pueblos indígenas que habitan en el Yasuni y ahí ver cuál es el derecho que se debe proteger.
Bajo estos argumentos, el experto subrayó que según el informe del Ministerio de Justicia se colige que no hay pueblos no contactados, por lo que recomendó que se dé un peritaje antropológico para saber bajo estudios y un análisis sesudo.
JLVN/pv
