El asambleísta Fernando Cáceres, representante de la provincia de Cotopaxi, expresó su preocupación por el incumplimiento de la segunda disposición transitoria de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, según la cual en el plazo de 180 días las organizaciones deportivas del país que reciban fondos públicos debían adecuar los estatutos y reglamentos de conformidad con la nueva normativa para ejercer los derechos o deberes como parte del sistema deportivo nacional, por lo que pidió al ministro José Francisco Cevallos que tome acciones para corregir este problema.
Indicó que sobre el tema mantuvo una amplia reunión con el Ministro del Deporte para solicitarle que haga cumplir la disposición legal, luego de lo cual, el Secretario de Estado se comprometió a pedir a las Federaciones Deportivas que adapten sus estatutos a las nuevas normativas jurídicas, ya que de lo contrario, quedarían en acefalía y si gastan el dinero asignado serían glosados por la Contraloría lo cual generaría, inclusive, denuncias penales, si fuera del caso.
Tras advertir que la asignación de los recursos implicaría un grave perjuicio al Estado, recalcó que ninguna organización deportiva cumplió los plazos correspondientes, por lo que es necesario analizar las consecuencias de estas omisiones que podrían ir desde sanciones administrativas hasta penales, por lo que el ministro Cevallos debe exigir a las federaciones cumplan la Ley.
Denunció que algunos dirigentes de las Federaciones Deportivas Provinciales pretenden ajustar los estatutos en beneficio propio, es decir, a su antojo y mantener prácticas desleales que perjudican a los deportistas, quienes han sufrido el maltrato de la dirigencia que está acostumbrada a este tipo de actitudes que datan desde hace 30 años.
Subrayó que pedirá al Contralor General de la Nación que intervenga en las diferentes federaciones deportivas e inclusive en el Ministerio del Deporte por no acatar la ley.
Informó que en el caso de la Federación Deportiva de la provincia de Cotopaxi la Contraloría General del Estado realiza la auditoría respectiva y en el período de dos años existe la presunción de un perjuicio económico al Estado de 400 mil dólares, a la vez que anunció que permanecerá vigilante de las acciones que lleven adelante para garantizar el respeto a la ley.
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