El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, reiteró que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud de juicio político al fiscal General, Washington Pesántez; lo que se han formulado son varios pronunciamientos de algunos sectores legislativos en el sentido que estarían evaluando las actuaciones del funcionario para, si se cumplen los requisitos, plantear un proceso político en su contra.Recordó que la institución del juicio político está consagrada en la Constitución de la República y el Fiscal es uno de los funcionarios sujetos a control por parte de la Asamblea Nacional. No obstante, la solicitud de enjuiciamiento debe cumplir varios requisitos, entre ellos contar con las firmas de respaldo de al menos la cuarta parte de los asambleístas (31) y el señalamiento de las actuaciones que configuran el incumplimiento de la Constitución en el ejercicio de su cargo. El funcionario se somete a un debido proceso y se garantiza el derecho a la defensa, explicó.
Lo que hizo la Asamblea, mediante la resolución aprobada en días pasados, fue exhortar a que la Fiscalía demuestre total imparcialidad en sus actuaciones, ya que el comunicado público de los fiscales distritales y directores de la institución en torno a un caso específico que involucra a la esposa del Fiscal General deja en entredicho la probidad y la independencia que deben primar en los proceso de investigación penal, dijo.
“Nosotros no estamos para destituir a funcionarios en forma arbitraria ni para intervenir en las otras funciones del Estado, eso se hacía en el pasado. Hemos dicho que por el bien de la transparencia en la justicia el Fiscal debería actuar con total independencia; tampoco queremos que se dé un show mediático como en los tiempos de la partidocracia. Si se plantea un juicio político que cumpla los requisitos de ley y esté debidamente sustentado, daré paso inmediatamente”, recalcó.
Evaluación de universidades
En torno al destino de las universidades que fueron clasificadas en la categoría E por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, Conea, Cordero indicó que en ningún momento ha existido una corriente orientada al cierre de tales establecimientos de educación superior, a través de una disposición transitoria en la Ley de Educación Superior que tramita la Asamblea.
Anticipó que se buscará un mecanismo para que la ley determine un nuevo proceso de evaluación y acreditación, con los parámetros técnicos y académicos que se establezcan para el efecto y se definirá qué pasará con aquellas universidades que en este proceso mantengan calificaciones deficientes.
Sin embargo, expresó su extrañeza porque algunas universidades de las 26 que cuyas calificaciones bajas coinciden en los informes del Conea y del Consejo Nacional de Educación Superior, Conesup, siguen ofertando cursos de posgrado, cuando de las evaluaciones se concluye que no tienen condiciones adecuadas para desarrollar carreras de pregrado. “El Conesup debe suspender estos programas de posgrado y no deben esperar a la nueva ley, porque tienen facultades para ello”, sentenció.
“Vamos a impulsar un nuevo proceso de evaluación y acreditación que garantice la calidad académica del sistema universitario, pero no podemos ser cómplices de posibles estafas o fraudes a la juventud ecuatoriana”, concluyó.
EG/pv
