El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Vélez, autor del proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a la Ley de Compañías y a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, resaltó la importancia de la aprobación de esta propuesta, argumentando que las instituciones del sistema financiero público y privado no podrán entregar información crediticia a ninguna institución que no sea la Superintendencia de Bancos.
Indicó que la Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta Francisco Velasco, añadió disposiciones que han enriquecido esta normativa cuyo objetivo es el desarrollo social y económico de los ecuatorianos y la reactivación económica de las familias del país.
Aseguró que entre los aspectos relevantes de este cuerpo legal constan: la creación de datos crediticios a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entidad autorizada para entregar la información crediticia únicamente al titular de la información y a quien éste lo autorice.
Además, no puede ser incluida en el registro de datos crediticios información que lesione derechos constitucionales, como los de la honra y la buena reputación. Cualquier circunstancia de su vida afectiva y familiar, hábitos personales y de consumo, ideologías, opiniones políticas, etc. así como los protegidos por el sigilo bancario, patrimonio personal o familiar, las cuales solo podrán ser entregadas por orden judicial.
Explicó que en la base de datos no podrán ingresar datos crediticios de más de tres años; y, la información de los garantes será incluida solamente en sus reportes de información crediticia donde constará el detalle de las obligaciones de crédito directas propias de ese garante, en su calidad de deudor principal. Además, solamente los saldos de las garantías que hubiere otorgado a favor de otra u otras personas naturales y jurídicas.
Fernando Vélez, dijo que las instituciones del sistema financiero y de la economía popular y solidaria y de compañías, deberán remitir periódicamente información crediticia en un plazo menor a un mes, es decir, deberá ir depurándose este registro cada 30 días máximo.
Precisó que el Banco Central en calidad de cesionario de los activos y cobro de la cartera de la banca cerrada, condonará las obligaciones vencidas e impagas registradas cuyo capital sea hasta mil dólares, las operaciones crediticias serán consideradas individualmente para cada deudor beneficiario.
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