Los asambleístas Francisco Ulloa y Marco Murillo, integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) consideran que el proyecto e Ley de Redistribución del Gasto Social, debió ser enviado por la vía regular, a fin de tener el tiempo suficiente para analizarlo.
A criterio de Francisco Ulloa, el proyecto busca redistribuir el gasto social pero lo que preocupa es que en la exposición de motivos se señala que los impuestos que se cobrarán a la banca o instituciones financieras, no necesariamente van a ser destinados en su totalidad para financiar el bono de desarrollo humano, sino que también podrían ser utilizados para otras actividades redistributivas de riqueza y “lo que inquieta es cuáles serán esas actividades redistributivas de riqueza”.
Otro aspecto que llama la atención es por qué se tomó como base para financiar este bono, únicamente, al sector bancario y no los exagerados ingresos que tienen las transnacionales de la telefonía y petroleras.
Además, señaló que el bono debe estar orientado a generar un desarrollo para el país, en el marco de la equidad, es decir incorporando al aparato productivo a las personas de escasos recursos, ayudándoles a establecer micro y pequeños negocios que les permita un desarrollo económico de sostenibilidad para la familia y que en corto plazo dejen de ser gasto para el Estado.
De su lado, el asambleísta Marco Murillo, señaló que el objetivo del proyecto no es claro, ya que no solo estará orientado a invertir en el financiamiento del bono de desarrollo sino otras actividades redistributivas.
El Mandatario no debió viabilizar esta normativa con dedicatoria a la banca, sino con carácter general, con impuestos directos a los que más tienen, es decir, incluir a la construcción, telefónicas y petroleras. Lo que queremos es un fondo de desarrollo para el pequeño y mediano productor agrícola, agregó.
Entre tanto, el asambleísta Pedro de la Cruz, formuló un llamado a los legisladores a fin de que realicen los aportes a la normativa enviada por el Ejecutivo a fin de reformular y mejorar su texto.
Advirtió que si no existen los votos necesarios en el Pleno para aprobar o negar esta propuesta el riesgo que se corre es que el mismo entre por el Ministerio de la Ley.
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