La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, recibió a representantes de la Fundación Niño Carlitos Cárdenas (Funcaly), la cual expuso sus puntos sobre la mala práctica médica, dentro del nuevo Código Orgánico Integral Penal.
Patricia Cárdenas Sánchez, presidenta de la fundación, recordó que su hijo -Carlos Cárdenas- falleció hace 11 años como consecuencia de una presunta mala práctica médica, en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde, tras destacar la necesidad de definir una ley que sancione a los malos profesionales del país.
Comentó que su hijo entró al hospital para una sutura en el ala derecha de la nariz, donde el doctor-cirujano que lo atendió dispuso la sutura descrita, en el área de emergencia y con anestesia local. Sin permiso de los familiares, le ingresaron, arbitrariamente, a un quirófano administrándole anestesia general, luego de lo cual quedó descerebrado por 21 días y después falleció.
Indicó que durante la estadía en el hospital presentó una denuncia por mala práctica médica. A pesar de un dictamen acusatorio del fiscal, quien dijo que había una mala práctica médica y que el responsable era el anestesiólogo, así como un informe médico legal que, además, responsabilizaba al departamento de anestesiología del hospital, la administración de justicia no ha dado una respuesta concreta.
“En los pasillos de la Corte corrían rumores que iba a perder el juicio, pues había dinero de por medio. Incluso, 500 mil dólares es lo que me ofreció el hospital de la Junta de Beneficencia para que callara lo de mi hijo, pero no podía vender a mi hijo”, aseveró.
Sigo firme en la lucha contra los malos elementos de la justicia y los médicos que no saben cumplir con su función, recalcó, al enfatizar que a la fundación han llegado múltiples personas para denunciar situaciones dramáticas de mala práctica médica, que han quedado en la impunidad.
Finalmente, respaldó la propuesta de juzgar y sancionar con penas de siete a 11 años de prisión a los médicos que “matan, quitan la vida”, al cuestionar la advertencia de la Asociación de Clínicas en el sentido de que se estaría criminalizando la acción de los galenos y que ya nadie querrá estudiar medicina.
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