La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el análisis del proyecto de Ley para la Administración de Bienes Inmuebles del Sector Público, remitido por el primer mandatario a la Asamblea Nacional.
Con esta oportunidad, el organismo legislativo recibió en comisión general a los doctores Vicente Peralta, subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República y Katia Torres, directora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
El asambleísta Mauro Andino, encargado de dirigir la sesión, destacó la necesidad de que se aclaren los fundamentos y sustentos del proyecto gubernamental, a la vez de señalar que el documento cumplirá, a cabalidad, con los procesos de socialización y recepción de observaciones.
Vicente Peralta comentó que el país, en los últimos años, ha soportado una gestión deficiente, de abandono, desidia y en general caótica de los bienes inmuebles estatales resultado de las confiscaciones por orden y criterios políticos, a más de las daciones en pago, especialmente por parte de banqueros, en medio de la crisis financiera, mediante bienes que no poseían valor alguno, pero que mañosamente servían para esconder dichas deudas.
Reveló que últimamente se ha registrado prescripciones adquisitivas de dominio por parte de algunas personas e inclusive con amparos posesorios que buscan supuestamente negociar con el Estado una situación de hecho que alguien lo permitió, al puntualizar que la propia Presidencia de la República en el 2007 debió enfrentar dos demandas en razón de una ocupación ilegal por quien fue contratado para cuidar un bien.
La vigencia de la ley permitirá una administración eficiente de los recursos patrimoniales del Estado para un mejor servicio público, en función de una atención con dignidad a la población, para tal efecto se crea el instituto que concentrará la administración efectiva de los bienes inmuebles para que las entidades públicas se dediquen a sus fines exclusivos y no se conviertan en una agencia inmobiliaria, agregó.
Katia Torres señaló que la primera tarea del Instituto, dentro de sus atribuciones y competencias, será poner en marcha un inventario consolidado del registro de bienes inmuebles, tomando en cuenta que existen inventarios al respecto en el Banco Central, de la banca en liquidación; CONSEP; en el Ministerio de Finanzas, donde están las antiguas empresas de la AGD, los que cada entidad estatal tiene registrado y los que no los tiene porque en algunos casos no se sabe de ellos.
Insistió que para arrancar es fundamental identificar mediante un inventario verificado qué es lo que en realidad tenemos los ecuatorianos en el sector público, bienes sobre los cuales tenemos el derecho de exigir la correcta administración toda la ciudadanía y olvidarse de un mal concebido sentido de propiedad, al enfatizar que luego será indispensable hacer un estudio técnico jurídico de dicha situación.
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