Más de 40 personas acudieron al Salón 1 del Palacio Legislativo para analizar el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre los Sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, que tiene por objetivo fijar los límites entre estas dos sistemas, así como la coordinación y cooperación entre los órganos de la Función Judicial y las funciones jurisdiccionales de las autoridades de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Según el texto borrador del cuerpo legal, trabajado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se entiende por sistemas de justicia indígena a la diversidad de procedimientos y normas que cada comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena aplique a sus miembros para resolver sus conflictos.
La presidenta del organismo legislativo, María Paula Romo, señaló que no será la única reunión de trabajo en la que se debate este proyecto, y que deben seguir un procedimiento de consulta prelegislativa, que hasta el momento no está normado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al sostener que conviene escribir claramente las reglas sobre esta temática, ya que las autoridades de la justicia ordinaria pueden con arbitrariedad, como lo han hecho, intervenir o interceder en hechos que no les correspondería, según el mandato de la Constitución.
Al debatir sobre el objeto de la ley, Jacqueline Coronel, de la Red de Defensores Indígenas manifestó que la normativa no puede fijar límites entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria, pues los límites se hallan establecidos en la Constitución y lo único que haría este proyecto es limitar el ejercicio de los derechos colectivos en materia de justicia indígena, además que este cuerpo legal tiene un solo enfoque jurídico y no es culturalmente pertinente porque no reconoce los diversos sistemas de justicia indígena que hay en el país, tomando en cuenta que hay diversas nacionalidades, pueblos y comunidades.
De su lado, el asambleísta Gerónimo Yantalema, al sostener que la coordinación y cooperación deben primar en este proyecto, expresó que no se deben fijar límites en el ejercicio de la jurisdicción y competencia entre los sistemas de la justicia indígena y ordinaria.
Entre tanto, Luis Contento, de Ecuarunari, precisó que como organizaciones indígenas están interesados porque la Constitución se cumpla, por lo que creen que no es necesaria una ley que lo único que hará es coartar derechos, pues están claros de que por historia las comunidades han venido administrando justicia pero, lamentablemente, algunos medios de comunicación han satanizado estas actividades pretendiendo confundir este procedimiento con ajusticiamiento.
María Paula Romo añadió que en la comisión los asambleístas debatieron ampliamente que la inexistencia de un mecanismo que resuelva el conflicto restringiría derechos, ya que cada autoridad termina definiendo en qué caso se aplica o no la ley o creando fiscalías especiales. En este marco, dijo que la ley debe ser lo menos invasiva y garantizar con gran amplitud los derechos constitucionales.
En esta oportunidad, se debatió hasta el artículo cuatro del borrador del proyecto y se resolvió una nueva reunión para el próximo 7 de junio para continuar con el análisis del documento.
En esta reunión estuvieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Red de Defensores de Indígenas, Red de Jóvenes, de la Flacso, consultor de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos, de la Universidad SEK, del pueblo Chiboleo, de las Fiscalías Indígenas, de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, de organizaciones Interculturales, de los derechos indígenas del pueblo Saraguro, Ecuarunari, así como asambleístas y ciudadanía interesada en esta temática.
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