La Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, profundizó hoy el debate en torno al proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo informe para segundo debate estaría listo en 15 días.
En esta ocasión acudieron las integrantes del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, entre ellas Marisol Peñafiel, Mary Verduga, Gina Godoy, María Agusta Calle, Zobeida Gudiño, Mercedes Diminich, Betty Amores, María Paula Romo y Rocío García, asesora de María Soledad Vela, quienes presentaron textos alternativos de modo que estén debidamente garantizados los derechos de los niños.
El Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, expuso la necesidad de consolidar el criterio de prelación de los derechos de la niñez por sobre las demás personas, en fiel cumplimiento de los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución.
Expusieron datos estadísticos de la aplicación del sistema actual para ejercer el derecho de alimentos en beneficio de los niños, niñas y adolescentes para demostrar que el sistema ha logrado mejorar en gran parte la situación de los beneficiarios.
Sostuvieron que las reformas que se plantean no pueden alejarse de su naturaleza en tal sentido sugirieron que el derecho de visitas no podría formar parte de la propuesta para segundo debate.
También se sugirió el tema de prelación de obligados tal como estaba debía ser analizado puesto que se obliga en primer lugar a los abuelos, tíos y hermanos y se sugirió que sea a los abuelos, hermanos y tíos.
Recalcaron que la obligación que tienen los otros familiares no es por una sanción, sino que responde al principio de responsabilidad familiar que cada uno de sus miembros tiene y lo que prevalece son los derechos de los niños a los de las demás personas.
La asambleísta Betty Amores manifestó que los artículos 1 y 2 de la reforma visualizan como más importante el derecho de los padres a ejercer determinadas facultades, ya no solamente en cuanto a las visitas, sino el ejercicio mismo de la patria potestad, dejando de lado el mandato constitucional del Art. 44 respecto de la prelación de derechos.
Sostuvo que la visita comprende el derecho de hijos e hijas a conservar la relación personal y afectiva con el padre o madre que no está a cargo de su cuidado, lo que asegura la corresponsabilidad de ellos en la crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección.
Entre tanto, María Paula Romo, integrante de este grupo parlamentario, anunció que como asambleístas asumen el compromiso de estar presentes en todos y cada uno de los debates del proyecto.
La orden claramente para el juez en la ley tiene que ser privilegiar los derechos de los niños y, en virtud de su interés superior, tomar las decisiones que sean necesarias, dijo, el enfatizar que también hay que poner atención en lo atinente a la liquidación de la sociedad conyugal.
MG/pv
