La Comisión de Desarrollo Económico recibió al asambleísta Guido Vargas, representante de la provincia de Sucumbíos, quien presentó dos propuestas de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial orientada básicamente a que se establezca una moratoria de 15 años para el cumplimiento de la obligación de utilizar el taxímetro en la Amazonía, así como establecer incentivos para las personas que cumplan la Ley de Tránsito.
El parlamentario explicó que la provincia de Sucumbíos tiene apenas 25 mil habitantes y que las carreras son demasiado cortas, de aproximadamente 300 metros, lo que significa que si arrancan con el valor de 35 centavos no pasará de 0,80 centavos, lo que resulta perjudicial para los choferes que se dedican al transporte de ciudadanos.
Por ello, dijo, sería conveniente crear una disposición transitoria que determine una moratoria de 15 años hasta que aumente la población y crezca el desarrollo urbano de esta zona, para la implementación del taxímetro, a la vez que recordó que según la Constitución la Amazonía es una circunscripción especial y como tal tiene que ser tratada.
Así mismo, expresó que la Ley de Tránsito prevé sanciones para quienes incumplen la ley con la respectiva rebaja de puntos en la licencia, pero no dice nada de incentivos por lo que sugirió que luego del artículo 98 se agregue un inciso que diga que “el conductor que no haya sido sancionado en al menos un año, gozará de cinco puntos extras que se incorporará automáticamente en su licencia para el siguiente año, lo cual “servirá de incentivo para que el conductor ecuatoriano cumpla la ley”.
El parlamentario, Francisco Ulloa recordó que la Comisión de Desarrollo Económico se encuentra analizando cuatro proyectos de reformas a la Ley de Tránsito de iniciativa de los legisladores Lourdes Tibán, Gabriel Rivera, Fernando Romo y Galo Vaca sobre determinados artículos, por lo que este organismo no tiene la potestad de incorporar otros temas, por lo que recomendó a Guido Vargas que presente un nuevo proyecto para que sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La Comisión también recibió a Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de taxistas del Ecuador, quien denunció que el Director de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pretende ampliar el plazo perentorio de dos meses que establece la ley en su disposición décimo séptima para el proceso de legalización de las unidades que prestarán servicio ejecutivo.
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