El asambleísta Diego Vintimilla, representante de la provincia del Azuay, indicó que los pobladores de la parroquia Molleturo, que agrupa alrededor de 12 comunidades, y del cantón Camilo Ponce Enríquez están preocupados por la falta de comunicación sobre las decisiones que estaría tomando la Prefectura del Azuay, en materia de límites internos.
El parlamentario recordó que con fecha 11 de febrero inició un proceso de fiscalización, por tanto, pidió información al prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, sobre las actas de las reuniones que ha mantenido con los ciudadanos, el lugar y el registro de quienes participaron en los diálogos sobre el conflicto en materia de límites internos.
Diego Vintimilla dijo que existe malestar en la población sobre esta temática y por ello en días pasados los habitantes de estos dos sectores realizaron una marcha exigiendo al Prefecto socialice las decisiones que se toman respecto de este asunto, considerando que hay derechos ciudadanos que deben ser tomados en cuenta y que constan en la Ley de Límites Internos, aprobada por la Asamblea Nacional hace dos años, donde se determina el diálogo, los consensos, la participación ciudadana para llegar a acuerdos e incluso la consulta popular para conocer el sentir de los pobladores sobre la pertenencia de determinados territorios.
No olvidemos que esta ley prevé el plazo de dos años para dar solución a todos los problemas limítrofes en el país y, por tanto, la solución de conflictos limítrofes es hasta abril de 2015, agregó.
En los dos casos en particular, los ciudadanos se sienten desinformados, no cuentan con los insumos necesarios para formar su criterio respecto del conflicto de límites internos. Hay preocupación de las comunidades que las decisiones que ha tomado la Prefectura del Azuay no van en beneficio de sus intereses, sobre todo, que los procedimientos que se están tomando no consideran las disposiciones de las Leyes de Límites y de Participación Ciudadana, respecto a que los ciudadanos deben tener un concurso efectivo y protagónico al momento de generar estos acuerdos, subrayó.
Diego Vintimilla precisó que la información que le proporcione el prefecto Paúl Carrasco la pondrá a consideración de los pobladores para que conozcan el avance de los procesos emprendidos por el gobierno descentralizado y en caso de que se haya firmado un preacuerdo sería invalidado, por incumplimiento de los procedimientos jurídicos que establecen que los ciudadanos deben ser partícipes de la toma de decisiones.
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