Herman Jaramillo Ordóñez, cuarto encausado en el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, al indicar que acude a rendir cuentas y a desvanecer las acusaciones del asambleísta Mauro Andino, subrayó estar en contra de la corrupción y a favor del cambio, como lo demuestran sus actos en el ejercicio de la judicatura. A la vez, pidió que en este juicio se garantice el debido proceso, con la independencia e imparcialidad, conforme lo establecido en la Constitución.
Precisó que la solicitud de juicio político tiene vicios de forma y de fondo, al no determinar hechos concretos que pudiesen constituir infracciones en el desempeño del cargo, por lo que no se conoce de qué se deben defender.
Aclaró que, conforme la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, durante el período de transición los vocales de esta entidad tuvieron funciones limitadas e igualmente, en virtud de una transitoria de la Ley se faculta al nuevo Consejo de la Judicatura, no al de transición, a emitir los reglamentos indispensables para el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución y la Ley.
Al referirse a las acusaciones planteadas por el interpelante, Jaramillo dijo que las preguntas formuladas en las convocatorias a rendir testimonio, a su criterio, fueron impertinentes, capciosas o subjetivas, porque cada una de ellas no se deriva de un solo objeto sino de varios. Además, fueron artificiosas, engañosas e influenciadas por intereses, por ello, impugnó por escrito las pruebas presentadas por el asambleísta Andino.
Respecto de las imputaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses, aseguró que es competencia de la Contraloría General del Estado analizar y pronunciarse sobre las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos, en este caso del vocal Luis Germán Vásquez y es él quien debe responder por las acusaciones que lo involucran.
Jaramillo, reiteró que no existe acusación individualizada en su contra, sino aspectos generales, por lo que no se le puede responsabilizar de actos cometidos por otras personas.
Finalmente, sugirió que para salvaguardar la idoneidad de los procesos interpelatorios, éstos deberían darse en dos instancias, una en la cual la solicitud sea conocida por verdaderos jurisconsultos; y, solo después de haber revisado exhaustivamente la viabilidad jurídica del proceso, que pase a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea.
JLVN/eg
