El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside la asambleísta Silvia Salgado Andrade, aseguró que hubo errores de gestión, falta de control y manejo doloso de claves en el ingreso al sistema e-sigef, en el desvío de fondos de algunos ministerios y otras entidades del Estado.
“El sistema informático no puede reemplazar al ser humano, en ninguna parte del mundo”, dijo, al defender la seguridad del e-sigef, mecanismo con el cual se efectúan los pagos al sector público, por lo que los errores que se han presentado corresponden a incumplimiento de procesos y normas legales, puesto que los servidores responsables del manejo de recursos están obligados a cuidar el uso de sus claves.
También, se evidencia que no hubo el control adecuado por parte de los funcionarios de las respectivas direcciones financieras, a lo cual se suma la mala fe y el dolo en el uso de claves, por parte de determinados servidores, a sabiendas que la clave tiene el mismo valor que la firma hológrafa, enfatizó.
Recordó que, conforme el pronunciamiento de la justicia, en uno de los casos que se investigan por pagos duplicados, que se dieron al inicio de la incorporación de este sistema, porque subsistía el manejo manual, hasta 2007 no hay registro de los pagos realizados, por lo que no hay forma de saber cuál ha sido el perjuicio causado al Estado.
De su lado, la presidenta del organismo legislativo, Silvia Salgado Andrade, tras agradecer la asistencia del Ministro de Finanzas, indicó que la investigación de este tema será asumido por la Comisión, pues según se conoce existe un informe de la Contraloría General del Estado y, además, se hará un seguimiento del proceso judicial.
Insistió en que la presencia del ministro permite aclarar los problemas evidenciados en el proceso, en el sistema informático, pero lo fundamental es que se determinen los responsables de estos hechos y que, sobre todo, se recuperen los recursos.
Así mismo, dijo, es necesario establecer mecanismos que permitan transparentar el manejo de los recursos públicos y evitar que esta clase de hechos se repitan.
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